Diputada denuncia eliminación de más de 16 sesiones de la Asamblea de Boyacá en páginas oficiales

Tunja

Una seria denuncia fue presentada por la diputada del Pacto Histórico, Maryory Ortiz, quien alertó sobre la desaparición de más de 16 sesiones oficiales de la Asamblea Departamental de Boyacá de sus plataformas digitales, incluyendo Facebook y YouTube. La situación, según señaló, representa una vulneración directa al derecho ciudadano de acceso a la información y compromete principios fundamentales del Estado como la transparencia, la publicidad y la rendición de cuentas.

La diputada explicó que, al intentar acceder al registro audiovisual de una audiencia de control político centrada en la política pública de mujer, se dio cuenta de que el video había sido eliminado por completo y que los enlaces oficiales ya no funcionaban. “Fue al buscar ese material que descubrimos que no solo esa sesión había desaparecido, sino al menos 16 más, entre plenarias y sesiones de comisiones como Hacienda y Plan”, indicó.

Según Ortiz, las sesiones desaparecidas comprenden un periodo de casi tres meses: del 17 de febrero al 22 de mayo. “Durante ese lapso, no hay una sola transmisión disponible, a pesar de que se discutieron temas clave para el departamento como salud, infraestructura, educación, deporte y cultura. Esto impide que la ciudadanía conozca qué decisiones se tomaron, cómo votamos, qué se dijo y a quiénes se citó. Es gravísimo”, advirtió.

La diputada expresó su preocupación por el hecho de que muchas de las sesiones eliminadas coincidieran con debates de control político a funcionarios y gerentes de empresas públicas. “Coincide que fueron espacios donde se llamaron a rendir cuentas a quienes manejan recursos públicos. ¿Casualidad o decisión deliberada? Por eso estamos exigiendo explicaciones claras”, sostuvo.

Frente a la gravedad de los hechos, Ortiz confirmó que ya fue radicada una solicitud formal ante la Presidencia de la Asamblea. “Queremos saber quién ordenó bajar esos contenidos, con qué justificación, y por qué no se garantizó la custodia y disponibilidad de esa información. No podemos permitir que la publicidad de las decisiones públicas dependa del criterio arbitrario de una persona o dependencia”, señaló.

La diputada también fue enfática en advertir sobre las posibles consecuencias legales que esta situación podría acarrear: “Estamos hablando de una posible falta disciplinaria, que podría terminar en la suspensión o retiro del cargo; de una responsabilidad fiscal, por la pérdida de recursos públicos invertidos en garantizar esa publicidad; y de una eventual falta penal, con penas que podrían ir de 3 a 8 años de prisión, por obstaculizar el control ciudadano”, explicó.

Ortiz insistió en que esta no es una queja menor ni un acto de persecución política. “No estamos buscando controversia. Estamos cumpliendo con nuestra obligación de defender los derechos de la ciudadanía. Esta no es una solicitud caprichosa, es un llamado urgente para que se respete la Constitución, la ley 2200 y los principios sobre los cuales se construye el ejercicio público”, enfatizó.

Por último, la diputada recordó que entre las sesiones eliminadas se encuentra la única audiencia que se ha realizado en la Asamblea sobre la política pública de mujer. “Nos costó mucho lograr ese espacio, incluso fuimos víctimas de violencia política para sacarla adelante. Ahora no queda ni rastro de ese esfuerzo. Es inaceptable”, concluyó.