Advierten posible daño patrimonial superior a $ 8 mil millones en contratos catastrales en Boyacá

Tunja

La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras revisar dos contratos que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) firmó con la empresa Telespazio Argentina S.A. para actualizar el catastro multipropósito en ocho municipios del departamento de Boyacá.

Aunque el objetivo era modernizar la información predial, es decir, tener datos más precisos sobre los terrenos, sus dueños, el uso que tienen y cuánto valen, el resultado fue todo lo contrario: la Contraloría encontró posibles errores tan graves que podrían haber causado un daño patrimonial por más de $ 8.459 millones.

Los contratos fueron los siguientes:

• Contrato 24360 del 2021, ejecutado en Betéitiva, Busbanzá, Corrales y Paz de Río, empezó por $ 593 millones y terminó costando $ 3.381 millones.

• Contrato 24363 del 2021, aplicado en Sativasur, Socha, Socotá y Tasco, subió de $ 1.126 millones a $ 5.077 millones.

Los dos contratos casi cuadruplicaron su valor inicial. Se hicieron varias modificaciones: se amplió el alcance, se agregaron nuevas actividades, se cambiaron los plazos y se aumentaron los recursos. La Contraloría cuestiona que estos cambios no estén justificados con estudios ni soportes técnicos, lo que podría representar sobrecostos injustificados para el Estado.

Pero lo más delicado fue lo que pasó con los predios. En varios casos, la nueva información catastral cambió de forma drástica tanto el valor del terreno como el tamaño del mismo. Eso afecta directamente el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Por ejemplo, en Paz de Río, un predio que antes valía $ 284.000 pasó a valer $ 27′496.000, lo que representa un aumento del 9.582 %.

También hubo casos donde el área del terreno cambió de forma inexplicable. En Betéitiva, un predio pasó de 4.780 m² a 671 m², En Busbanzá, otro predio subió en área, pasando de 174 m² a 219 m². En Corrales, un lote subió de 293 m² a 412 m².

Estos cambios no solo alteran el valor de la propiedad, sino también la base con la que se calcula el impuesto. Un error de este tipo puede llevar a que un propietario pague mucho más de lo justo, o, por el contrario, que el municipio deje de recibir lo que corresponde. En ambos casos, el impacto es directo sobre el bolsillo de los ciudadanos y sobre los recursos públicos.

Además, la Contraloría señala que desde el principio hubo fallas en la planeación de estos contratos. Los estudios previos no incluyeron análisis de precios, condiciones técnicas ni los riesgos del proceso. Y aunque los contratos fueron modificados varias veces, no hay justificaciones suficientes que expliquen por qué se hicieron esos cambios ni por qué se gastó mucho más dinero del inicialmente previsto.

Ambos contratos ya fueron liquidados pero eso no impide que haya consecuencias. Según la Contraloría, los errores podrían generar responsabilidades fiscales, disciplinarias e incluso penales.

El organismo de control trasladó los hallazgos a la Procuraduría para que investiguen y determinen si hubo irregularidades graves y quiénes serían los responsables.