Suspenden licencias a cinco empresas de seguridad privada en Barranquilla
Entre las empresas sancionadas está una señalada con el Clan de Los Vega Daza.
Foto: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privad
Son cuatro razones que tuvo la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada para suspender estas licencias. Una de las razones es posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, otra de las razones son presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control de armamento y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
Lo que llama la atención es que entre las empresas sancionadas está una identificada como Seguridad Privada Lost Prevention Ltda, esta empresa ha sido mencionada en una de las investigaciones contra el Clan de Los Vega Daza.
En marzo del año anterior, la representante legal de esta empresa admitió que tres miembros de Los Vega Daza estuvieron al servicio de una protegida durante los años 2015 y 2016, es decir, habrían trabajado para la empresa, pero en ese momento no se conocía ningún tipo de investigación contra ellos.
Por otra parte, se había mencionado a esta empresa con Nicolás Petro, pero en ese entonces, la representante legal dijo que no conocía al hijo del presidente Gustavo Petro.
Las otras empresas sancionadas con Maximus Seguridad Privada Ltda, Atenas Seguridad Privada Ltda, Blink Seguridad Privada Ltda y Ol Security Group Ltda.
Las empresas intervenidas acumulaban un volumen considerable de actividad operativa en el país, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores, y un total de 483 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, desplegados en distintas zonas de la Región Caribe, como los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.
Otras razones para las sanciones
Indicó la Superintendencia que en las actuaciones, se evidenciaron hechos preliminares de relevancia, que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas, entre ellos:
Presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
Posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
Probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
