TransMilenio denuncia penalmente al presidente de la CUT por bloqueos durante paro nacional
Según la entidad los bloqueos simultáneos en portales, estaciones y principales vías provocaron pérdidas económicas estimadas en $5.401 millones de pesos.

Jornada de movilizaciones cerró con normalidad en la ciudad de Montería. Foto: La W.
Colombia
La empresa TransMilenio S.A. presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT, señalándolo como presunto responsable de promover conductas delictivas durante la jornada de paro nacional del 28 y 29 de mayo de 2025.
La acción judicial sostiene que Arias habría incurrido en los delitos de instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público y obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, luego de sus declaraciones en la Plaza de Bolívar, donde reconoció que una de las estrategias del paro fue el bloqueo de TransMilenio.
“Estos dos días han sido completamente de anormalidad en la vida rutinaria de los bogotanos, derivado exactamente de las apreciaciones que diversos compañeros en las diversas localidades lograron realizar bloqueando el transporte masivo de TransMilenio”, afirmó Arias públicamente el 29 de mayo.
Afectaciones reportadas
Según TransMilenio, los bloqueos simultáneos en portales, estaciones y principales vías de la ciudad provocaron:
- Afectación directa a más de 2,5 millones de usuarios
- Cierre de estaciones y cancelación de rutas
- Vandalización de 11 buses
- Pérdidas económicas estimadas en $5.401 millones, incluyendo pasajes no validados y daños a infraestructura.
El documento detalla que la interrupción del servicio no fue accidental, sino resultado de una “acción organizada y reconocida públicamente” por parte de Arias, lo que, según la denuncia, “trasciende el marco constitucional del derecho a la protesta pacífica”.
Justificación legal
TransMilenio argumenta que las manifestaciones alentadas por Arias excedieron los límites legales del derecho a la protesta al convertirse en actos de presión con medios ilícitos. La empresa sustenta su denuncia en los artículos 348, 353, 353A, 265 y 266 del Código Penal y en jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Constitucional.
“Cuando una persona utiliza su condición de líder de opinión para legitimar vías de hecho, esa conducta puede ser objeto de reproche penal”, señala el documento.
Investigación solicitada
La empresa pidió a la Fiscalía:
- Citar a tres funcionarios técnicos del sistema para exponer la magnitud de los daños.
- Solicitar a la Policía Nacional información sobre posibles capturas relacionadas.
- Analizar evidencia audiovisual entregada mediante enlace digital.
TransMilenio enfatizó que “solo la protesta pacífica goza de protección constitucional”, por lo que las manifestaciones que derivan en bloqueos, violencia o vandalismo deben ser judicializadas.



