Centro Democrático demandó decreto que modifica tarifas de retención en la fuente
La senadora María Fernanda Cabal también radicó ante el Consejo de Estado su propia demanda a este decreto
Centro Democrático | Foto: Colprensa
Colombia
El partido Centro Democrático ya radicó ante el Consejo de Estado su anunciada demanda al decreto que modifica las tarifas de retención en la fuente.
En la denuncia, presentada por Gabriel Vallejo, director general de la colectividad, solicitan que de manera provisional se decrete la suspensión de los efectos de dicha normativa publicada por el Ministerio de Hacienda.
“Como pretensiones de la demanda propongo las siguientes: Que se declare la nulidad Declarar la nulidad del Decreto 572 de 28 de mayo de 2025 proferido por el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Conceder de manera inmediata la suspensión provisional de la aplicación del Decreto 572 de 2025, para evitar perjuicios irreparables al flujo de caja de los contribuyentes”.
Entre estos, advierten de la imposición de nuevos umbrales de 800 UVT, el establecimiento de tarifas de hasta el 4.5% y la extensión de la calidad de agentes retenedores a sujetos no contemplados en el artículo 365 del Estatuto Tributario.
Según argumentan, este decreto carece de una motivación técnica sólida y también de estudios económicos.
“El decreto carece de una motivación técnica sólida y de estudios económicos que respalden la ampliación de competencias reglamentarias para modificar bases y tarifas más allá de lo previsto en el artículo 365 del Estatuto Tributario. La ausencia de estos elementos técnicos rompe el nexo racional entre la medida y el objeto perseguido, vulnerando el deber de motivación detallada establecido por la Corte Constitucional (Sentencia C-1005/08) y el test de idoneidad y necesidad que exige C-489/23”.
Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal también radicó su propia demanda ante el Consejo de Estado en contra de este mismo decreto.
La senadora y precandidata presidencial aseguró que esta normativa es “un golpe mortal para los colombianos” e indicó que “vulnera el principio de legalidad y la reserva de ley consagrados en el Artículo 338 de la Constitución, al imponer cargas tributarias sin que hayan sido aprobadas previamente por el Congreso de la República”.
