Boyacá e INPEC coordinan acciones por la seguridad y derechos de personas privadas de la libertad

Tunja

En el marco de una reunión estratégica entre la Gobernación de Boyacá y la Dirección Nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), liderada por la Secretaría de Gobierno y Acción Comunal, el departamento afianzó compromisos clave para el fortalecimiento institucional, la garantía de derechos humanos y la mejora de las condiciones logísticas en los centros de reclusión y estaciones de policía del territorio boyacense.

Alejandra Pico, secretaria de Gobierno de Boyacá, informó que este espacio de trabajo se desarrolló con el propósito de consolidar alianzas con las entidades que integran la cadena de seguridad, convivencia y orden público en el departamento.

“Este encuentro con la Dirección Nacional del INPEC tuvo como eje central la coordinación de acciones para dar cumplimiento a normativas nacionales y avanzar en la construcción de soluciones conjuntas, realistas y equitativas, especialmente frente a retos inminentes como la implementación de la Sentencia Unificada 122 de 2022”, señaló Pico.

Implementación de la Sentencia 122 de 2022: nuevo reto para alcaldías y gobernaciones

Uno de los principales temas abordados fue la implementación de la Sentencia Unificada N.º 122 de 2022, que obliga a las autoridades locales y departamentales, a partir del 1 de junio de 2025, a asumir la responsabilidad de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) en estaciones de policía y centros de traslado por protección.

“Esta sentencia marca un cambio profundo en la forma en que se gestionan los derechos de las personas sindicadas, y desde Boyacá queremos prepararnos con responsabilidad y articulación interinstitucional”, afirmó la secretaria. “En la reunión logramos profundizar en la comprensión de su alcance y empezamos a construir una ruta de acción conjunta con el INPEC y la UXPET, dos entidades con amplia experiencia en el suministro de alimentación a esta población”, agregó.

Equidad en los convenios con el INPEC: llamado a considerar la realidad de los municipios pequeños

Un segundo punto clave fue la revisión de los convenios suscritos entre los municipios y el INPEC, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento de los centros penitenciarios del departamento. En este aspecto, Pico hizo un llamado a considerar la diversidad fiscal del territorio boyacense.

“Boyacá cuenta con una mayoría de municipios clasificados en quinta y sexta categoría, con limitaciones presupuestales evidentes. Solicitamos a la Dirección Nacional del INPEC analizar estos casos con criterios de equidad, de modo que los convenios no representen una carga insostenible para estos gobiernos locales, que, sin embargo, hacen enormes esfuerzos por cumplir con sus responsabilidades institucionales”, explicó.

Mejorar la movilidad: clave para el funcionamiento del sistema penitenciario y la seguridad pública

El tercer tema discutido fue el fortalecimiento de la movilidad, tanto para el personal del INPEC que presta sus servicios en Boyacá como para el traslado de sindicados y condenados.

“Todas las instituciones requieren inversión en materia de transporte y logística, y el INPEC no es la excepción. Mejorar la movilidad no solo dignifica la labor de los funcionarios, sino que también garantiza el cumplimiento eficiente de sus tareas, desde traslados judiciales hasta operaciones de custodia y vigilancia”, indicó Pico.