La reforma laboral original generaría un gasto adicional de 280 millones para las empresas: ACOPI

El pasado 14 de mayo la consulta popular para la reforma laboral del presidente Gustavo Petro fue hundida por el Senado. Como alternativa democrática, ese mismo día los senadores decidieron revivir la reforma laboral que fue rechazada el año pasado y debatirla ante una ponencia en la Comisión Cuarta. La nueva propuesta de reforma laboral tiene 73 artículos, y fue radicada por la senadora Lozano. Actualmente, no se conoce un veredicto final; sin embargo, sí se sabe que esta mantiene un 80% de similitud con la reforma original del Gobierno Petro.

Los puntos de la reforma original que están siendo modificados y que generan gran controversia a los empresarios son:

• El aumento en los festivos del 75% o del 100%
• Si las horas extras arrancarían a partir de las 6 o las 7 de la tarde

Para analizar este debate político y empresarial, el presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (ACOPI), Rodolfo Correa, expresó en 10AM de Caracol Radio, sus opiniones y especulaciones ante la ponencia de la reforma laboral.

¿Qué tanto impacta la reforma laboral a las pequeñas empresas?

Según el presidente de ACOPI, esta impacta en la estabilidad financiera de una empresa. “Cada decisión que se tome implica dinero que debe salir de algún bolsillo y que debe producirlo alguien para poderlo cubrir ese nuevo gasto”, explicó.

Como ejemplo, expuso que en una investigación realizada por la ACOPI, se encontró que si la reforma laboral permanece fiel a la propuesta por el Gustavo Petro, su implantación representaría un gasto anual de 280 millones a las pequeñas empresas.

Ahora bien, si la Comisión Cuarta logra concertar algunos cambios como que el recargo nocturno sea desde las 7 de la noche, el gasto se reducirá entre un 20 y 25%, de esos 280 millones.

“La ACOPI hizo una solicitud formal a la Comisión Cuarta para que estos cambios se hagan de manera gradual. Porque realmente el impacto inmediato sería supremamente negativo”, añadió.

¿Cuántos empleados se verán afectados con esta medida?

Correa resaltó que es importante tener claridad sobre este tema, reconociendo que solamente el 25% de las personas en edad de trabajar están vinculadas a una empresa con un contrato de trabajo formal.

“Según las cifras del gobierno, el 57% de los trabajadores de Colombia se encuentran en condiciones de informalidad, es decir, no tienen ni acceso al salario mínimo, ni a las prestaciones sociales, ni a ninguna de las garantías de las que tiene la otra cuarta parte”, contó Correa.

Esto representaría un problema para los empresarios formales, quienes tendrían que aumentar los costos sobre el 25% de los empleados que sí se encuentran trabajando de manera formal. Asimismo, resaltó que hay un total de 5 millones de empresas, dentro de las cuales, “1.700.000 están inscritas en las Cámaras de Comercio, es decir, solo la tercera parte”, lo que también es una dificultad para el gremio.

“Esa tercera parte el 99.5% son micro, pequeñas y medianas y solo el 0.5% son grandes empresas, de manera que cualquier cosa que se haga en materia laboral o tributaria en Colombia impacta es básicamente a la clase media, emergente del país que utiliza la microempresa como mecanismo de autoempleo y de empleo familiar. No afecta notoriamente a las grandes empresas, que es el discurso que usa el gobierno para poder imponer este tipo de medidas”, afirmó Correa.

¿Sobre qué sectores tendría mayor impacto la implementación de la reforma?

A pesar de que aún no se concreta si esta será o no aprobada y se continúa en debate. Correa expresó que la reforma afectaría a la gran mayoría de las empresas del país, sobre todo a las que se dedican a la seguridad. “El sector de la seguridad agrupa cerca de 100.000 personas, empleados”, dijo.

Lo anterior, está relacionado con el aumento en los recargos nocturnos, que si bien termina por beneficiar al empleado, afecta el grueso de las empresas que son las que generan empleo formal en el país, explicó el presidente de ACOPI.

Si se llegara a aplicar la reforma, las pequeñas y medianas empresas tendrían que acoplarse a la normativa, o tomar otro tipo de decisiones para sostenerse.

“Se perderán puestos de trabajo, uno y dos, en últimas todo eso repercutirá en el costo final de los productos, bienes y servicios que se comercializan. Alguien tiene que pagar esto. De manera que en últimas será el consumidor colombiano el que tenga que pagar los mayores costos”, argumentó.

Ahora, Correa espera que el Gobierno escuche al gremio de los empresarios y se tome en cuenta la sostenibilidad financiera de las empresas para llegar a un punto medio que les permita tener un acuerdo racional y justo.