¿Se convirtió la corrupción en una forma de gobierno en Colombia?

En Hora20 una mirada general a lo que está pasando con la corrupción y los crecientes escándalos en el país. Un congresista que ofrece canje de puestos y muestra su roble rasero, un contratista que ofrece contratos a cambios de apoyos políticos, un escándalo de corrupción que deja varios detenidos del círculo cercano del presidente, una petrolera que gasta 5 millones de dólares para medir el impacto de los escándalos de su presidente. Intentaremos entender las razones de este panorama, la incidencia de la estructura del Estado, del rol de la justicia y las instituciones. También explorar las claves de cómo enfrentar el panorama y salir de la corrupción.

Lo que dicen los panelistas

Vivian Newman, exdirectora de DeJusticia, abogada, experta en asuntos de transparencia y anticorrupción, directora de la línea Transparencia y Derechos Digitales de Dejusticia, explicó que la corrupción es igual a discrecionalidad y monopolio, “cuando hace falta la rendición de cuentas y la capacidad de sanción, hay un caldo de cultivo para la corrupción, cuando hay monopolio y discrecionalidad, hay contratación, hay puestos y tienen monopolio desde el gobierno”. De otro lado, habló de la capacidad de sanción social y sanción penal, en el segundo es lo que hacen las instituciones como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para que las conductas de la corrupción tenga un cambio. De otro lado, dijo que se puede afirmar que la corrupción como forma de gobierno, es necesaria para gobernar y mientras no se cumpla con la ley y no se rinda cuenta y no haya investigación y sanción, tendremos gobiernos con la corrupción como forma de gobierno.

Resaltó que ni el clientelismo, ni la corrupción son propias de este gobierno, pues recuerda que viene de tiempo atrás en gobiernos que han prometido no caer en esas prácticas y de igual forma lo han hecho. En esa medida, dijo que es fundamental un cambio cultural, así como incentivos para investigar y mejorar la especialización técnica en los procesos judiciales que estudian casos relacionados con la corrupción.

Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, máster en Acción Política y Participación Ciudadana, comentó que más allá de la sensación de pesimismo y de analizar que no hay salida a los fenómenos de corrupción, comparte la idea de que este gobierno abandonó la lucha contra la corrupción, “no podemos aceptar que esto se vea normal, creo que en muchos de estos episodios con Racero, lo de Colombia Compra Eficiente, esto es el momento de aprovecharlo y es más que los 15 minutos de poder, es la búsqueda de sumar muchas posibilidades para validar un proyecto político que pensábamos iban a hacer las cosas diferentes, pero terminan siendo instrumentalizados y entonces hoy la ciudadanía se enfrenta a un panorama pesimista”.

En cuanto lo estructural, dijo que se deben abordar tres dimensiones: los contratos, los cargos y la impunidad, “eso es lo que toca resolver de fondo. Pero tenemos que pedirles a dirigentes que no se hagan los de la vista gorda con estos tres elementos”.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, abogado, experto en derecho público, magister Análisis Político y Electoral, explicó que lo que se buscaba hacer con un canje de puestos con la subdirección del Secop, era tener control sobre la información. Además, dijo que sería peligroso en la medida que durante la Ley de Garantías se pueden dar prioridades, realizar extorsiones y al mismo tiempo hacer favores, “se había respetado lo técnico de una entidad como Colombia Compra Eficiente, pero con Ballesteros, y Toledo y sacando a la gente, bajo el argumento que eran personas que no estaban con el proyecto, por ese tono ideológico, la transparencia es cada vez menor, los datos abiertos cada vez más restringidos y cada vez se oculta más información”.

De otro lado, dijo que hay un problema de fondo y es el costo de la política y lo que vale llegar a un cargo de elección popular, “eso hace que toque llegar a pedir favores y entregarse a un gobierno que lo usa. Claro que hay política costosa y ahí es donde viene la responsabilidad del gobierno y es impopular, pero creo que tiene que llegar un gobierno que ignore a los políticos del Congreso y con eso me refiero a que entre más necesidades de estar en el Congreso sacando reformas, más caro salen las cosas”.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, bioquímico y columnista en El Tiempo, planteó que durante el gobierno se han establecido varios grupos. El primero sería el de un grupo grande que piensa que está en su cuarto de hora y que toca aprovecharlo, en esa medida, puso a Nicolás Petro como un ejemplo. El segundo grupo sería el de los que no creen en las normas y las leyes bajo la interpretación desde el gobierno de que durante 200 años todo lo que pasó es malo y que las leyes producidas no son para ellos, “hay uso malvado de la historia, no es comprenderla, pero es de condenarla, entonces lo que tenemos es 200 años de mala historia y eso a ellos, que son personajes de moralidad superior les legitima el revanchismo y se toman licencias libremente”.

Por último, advirtió que la justicia eficiente es importante porque se ha caído en la acción de dilatar los procesos y llevarlos al vencimiento de términos.

Sandra Borda, politóloga, doctora en Ciencias Políticas y profesora en la Universidad de los Andes, planteó que buena parte de lo que está pasando es el resultado de la forma en la que se constituyó el proyecto político del petrismo, “una parte del discurso populista insistió en que el mundo estaba dividido en los limpios y los corruptos y que la política tradicional se tenía que desechar porque saqueaba al Estado y se aprovechaba del poder y ellos eran impolutos y promovían un manejo distinto, entonces ahora vemos el costo político de eso y la razón es que si bien hay parte de fenómeno de responsabilidades individuales, hay quienes toman decisiones poco éticas”. De otro lado, dijo que hay una dimensión estructural en la que se preguntó hasta dónde la forma de hacer política clientelar se institucionalizó sin importar la alternativa, si es bueno o malo, impoluto o corrupto. Como una de las consecuencias de ese fenómeno, dijo que se pierde una curva de aprendizaje en lo institucional porque se reparten puestos sin formación o mérito, y todo responde a interés particulares, “por eso hay que insistir en carreras administrativas y el requisito es preservar el conocimiento, una capa de trabajo que no sea únicamente política y electoral, eso hay que fortalecerlo”.