Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Quintero, fue inhabilitado por 14 años por la Procuraduría

Medellín

La Procuraduría General de la Nación informó que destituyó e inhabilitó por 14 años para ocupar cargos públicos a Juan Pablo Ramírez Álvarez, quien entre el periodo 2021-2022 fue secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Según el ente de control, “al encontrar probada la utilización de su cargo para ejercer presión sobre sus subalternos para respaldar una causa política como lo es la continuidad y futuro del movimiento Independientes”. La exigencia económica oscilaba entre 300 mil pesos y un millón.

La medida sancionatoria de suspensión e inhabilidad por 12 años también cobija a Juan Daniel Pulgarín Correa, subsecretario de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social, y a Fredy Alfonso Agudelo Bolívar, subsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín.

La entidad manifestó que el exsecretario Ramírez Álvarez, el pasado 8 de agosto de 2021, reunió a varias personas, para hacerles la exigencia, entre ellas a María del Pilar Rodríguez Chona, quien, para ese momento, era la directora de niñez de la subsecretaría de grupos poblacionales, adscrita a la secretaría de inclusión social, niñez y derechos humanos. Cabe recordar que fue esta persona la que elevó la queja, inicialmente a la Personería de Medellín, que derivó en la mencionada sanción.

“En dicho encuentro se pidió a los servidores públicos presentes un aporte en dinero, que osciló entre los $ 300 mil y el millón de pesos, el cual justificaron como membresía para pertenecer a la citada corporación. Se estableció que, en efecto, posterior a la reunión, varios asistentes a esta, funcionarios de la alcaldía, hicieron consignaciones a la Corporación. Cabe anotar que para la fecha en que se desarrolló la actividad, se encontraba vigente el calendario electoral para las elecciones presidenciales para el periodo constitucional 2022-2026, circunstancias que configura una “intervención en política”, detalló la Procuraduría; además, agregó que la corporación tenía como nombre “Fundación El futuro se parece a nosotros”.

Ante esto, la entidad manifestó que el exsecretario Juan Pablo vulneró sus deberes, ya que las funciones no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular y mucho menos exigir dinero a funcionarios públicos para dichas actividades.

Además, siguió detallando las sanciones: en cuanto a Juan Daniel Pulgarín Correa, agregó que “el 9 de agosto de 2021 requirió a la servidora María del Pilar Rodríguez información sobre el pago del aporte económico, por $ 800 mil que le correspondía entregar para apoyar el financiamiento de actividades de la citada corporación”. Como la exfuncionaria se negó a ese pago, debió renunciar al cargo porque la situación se volvió hostil para ella.

Mientras que de Fredy Alfonso Agudelo Bolívar la Procuraduría manifestó que es una “falta disciplinaria gravísima, cometida en todos los casos a título de dolo, y advirtió que contra la presente decisión procede el recurso de apelación, ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento”.

Además, se ordenaron dos acciones, una con la fiscalía para que se investigue a la señora Melissa Peláez, representante legal de la aludida corporación, por el posible delito de falso testimonio, “quien, en declaración rendida ante la Procuraduría, bajo la gravedad de juramento, pretendió evadir su asistencia a la reunión del 8 de agosto de 2021, lo que pudo interferir en la actuación disciplinaria”.

La otra acción es que se remita la copia del fallo en primera instancia a la secretaria de gobierno de Medellín, para que, en su calidad de vigilante de entidades sin ánimo de lucro, investigue si aún existe o ya se liquidó la Fundación El futuro se parece a nosotros, para que se relacione a la representante legal, ya que según la Procuraduría “en la reunión del 8 de agosto figuraba otra persona diferente a la que legalmente se encontraba acreditada”.