Defensora del Pueblo alerta por escalada de violencia y vulneración de derechos en Buenaventura

Colombia

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió una declaración tras una visita de verificación humanitaria a las comunidades del Bajo Calima, en el distrito de Buenaventura, en compañía del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y una delegada de la Sala Especial de Seguimiento de Desplazados de la Corte Constitucional.

Marín denunció un grave deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en esta zona del Pacífico colombiano, afectada por la intensificación del conflicto armado.

Según la Defensoría, más de 4.000 personas, principalmente del Consejo Comunitario del Bajo Calima y del pueblo indígena Wounan del Resguardo Santa Rosa de Guayacán, han sido víctimas de nuevas agresiones armadas pese a haber retornado recientemente a sus territorios luego de prolongados desplazamientos forzados.

La situación ha sido causada por la persistente confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo, este último en alianza con el Frente Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco.

“El conflicto ha generado al menos 40 confinamientos masivos, nuevos desplazamientos como el de 46 familias en Semana Santa, asesinatos selectivos, la siembra de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores, desapariciones y violencia sexual”, indicó Marín, recordando que estos hechos ya habían sido advertidos por la Alerta Temprana 039 de 2023.

La Defensora también denunció el abandono institucional y las amenazas que enfrentan los líderes y lideresas sociales, quienes siguen defendiendo los derechos humanos en medio de la estigmatización y la violencia.

En paralelo, Marín se refirió a la situación vivida en el Catatumbo. En la noche del jueves 15 de mayo, un ataque con explosivos lanzados desde un dron en la vereda 20 de julio del municipio de Tibú dejó un saldo de un niño de 12 años muerto y al menos nueve personas heridas, entre ellas cinco menores de edad. El ataque habría sido perpetrado por el Frente 33 de las disidencias.

Aunque este grupo expresó públicamente su rechazo por el hecho, también responsabilizó a los disidentes por usar viviendas de la población civil como “escudo”, lo que la Defensora calificó como una justificación inaceptable y una violación directa al derecho internacional humanitario.

“Ahora, niños resultan asesinados y responsabilizan a las comunidades de sus crímenes. Esto es inaceptable y extremadamente doloroso”, sentenció.

Finalmente, Iris Marín cuestionó si el Frente 33 está verdaderamente comprometido con un proceso de paz o si, por el contrario, está escalando la guerra en represalia contra el ELN, a expensas de la vida de la población civil.

“Las comunidades claman por un retorno seguro y digno. No quieren volver a desplazarse. El Estado debe garantizarlo de forma urgente”, concluyó.