Fiscalía imputa a exalcaldesa de Duitama por presuntas irregularidades en contrato de obra pública
El detrimento patrimonial superaría los 282 millones de pesos. También fueron imputados el interventor del contrato y la representante legal del consorcio constructor.
El detrimento patrimonial superaría los 282 millones de pesos. También fueron imputados el interventor del contrato y la representante legal del consorcio constructor.
Duitama
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá, imputó cargos a la exalcaldesa de Duitama, Constanza Isabel Ramírez Acevedo, quien ocupó el cargo entre 2012 y 2015, por su presunta responsabilidad en las irregularidades cometidas durante la ejecución de un contrato de obra pública en ese municipio.
Según el ente acusador, la entonces mandataria incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, al no declarar el incumplimiento de un contrato suscrito con el Consorcio Duitama 2014, cuyo objeto era la construcción del Centro de Integración Ciudadana (CIC).
A pesar de los reiterados incumplimientos por parte del contratista, la exalcaldesa habría ordenado el cierre del proceso sancionatorio y el archivo del proceso administrativo que se adelantaba contra los responsables del proyecto, lo que habría impedido recuperar los recursos públicos comprometidos. La obra quedó inconclusa y las estructuras levantadas resultaron inservibles, configurándose un detrimento patrimonial total por un valor de $282.568.815.
Además de Ramírez Acevedo, fueron imputados Juan Carlos Betancourt Nova, interventor del contrato, y Adriana de Jesús Blanco Ceballos, representante legal del consorcio. A ambos se les atribuyen los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal.
Durante la investigación, la Fiscalía halló indicios de que la representante del consorcio habría presentado un documento falso durante el proceso de licitación, específicamente el acta de constitución del consorcio. Este incluía presuntamente la firma del señor Carlos Manuel Vergara Barco, quien posteriormente denunció no haber participado del proceso, ni haber autorizado el uso de su nombre ni sus documentos. Según su testimonio, él nunca firmó, consintió ni fue parte de dicho consorcio, lo que deja en evidencia que este no contaba con la capacidad jurídica, técnica ni financiera para ejecutar la obra.
La Fiscalía también evidenció otras anomalías, como la firma del acta de inicio 55 días después de la adjudicación, el otorgamiento de plazos injustificados para la ejecución del proyecto y la autorización de adelantos sin soporte técnico ni financiero válido.
Las actuaciones procesales continúan su curso mientras las autoridades judiciales buscan determinar el alcance total de la afectación al erario y las responsabilidades penales correspondientes.
