Corte Suprema condena al exsenador José Ignacio Mesa por vínculos con las AUC
El exsenador deberá pagar 76 meses de prisión.
La Corte Suprema de Justicia acusó al excongresista José Ignacio Mesa Betancur. Foto: Colprensa / ARCHIVO(Thot)
Colombia
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador José Ignacio Mesa Betancur a 76 meses de prisión (6 años y 3 meses) por el delito de concierto para delinquir agravado, al haber promovido y colaborado con grupos armados ilegales durante su carrera política.
Según el alto tribunal, Mesa Betancur se alió con la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y con la Oficina de Envigado, mediante contactos directos con sus cabecillas Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, y Gustavo Upegüi.
El objetivo de esta asociación fue garantizar apoyo económico y electoral a sus aspiraciones políticas, tanto para la Alcaldía de Envigado como para el Senado de la República.
La sentencia determinó que el exsenador utilizó su cargo y su influencia política para promover los intereses del grupo armado ilegal, cohonestando con su expansión territorial y política en la región del Valle de Aburrá, especialmente entre 1994 y 2006, cuando el dominio paramilitar era particularmente fuerte en Medellín y municipios aledaños.
“Siendo un dirigente político en el departamento de Antioquia, no reparó en aliarse con grupos armados ilegales y traicionar el deber que como servidor público tenía frente a efectivizar y dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado”, señaló la Corte en su fallo.
Además de la condena de prisión, la Corte le impuso a Mesa una multa de tres mil salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo que dure la pena. Le fue negada la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena.
El alto tribunal dejó claro que la asociación de Mesa con el grupo armado tuvo un carácter continuado y estratégico, más allá de hechos aislados, al buscar respaldo sistemático para sostener el poder político desde las estructuras ilegales.
