Tunja

Tensión en Socha: intervención policial desbloquea acceso a la mina El Alizal

Tras más de 100 días de bloqueo en el ingreso a la mina El Alizal, la Policía de Boyacá intervino el área luego de agotar los canales de diálogo; no se registraron capturas, y la autoridad ambiental mantiene vigente la autorización para operar.

Tras más de 100 días de bloqueo en el ingreso a la mina El Alizal, la Policía de Boyacá intervino el área luego de agotar los canales de diálogo

Tras más de 100 días de bloqueo en el ingreso a la mina El Alizal, la Policía de Boyacá intervino el área luego de agotar los canales de diálogo

Socha

Luego de más de tres meses de bloqueos continuos en el acceso a la mina de carbón El Alizal, ubicada en el municipio de Socha, las autoridades departamentales y municipales, en conjunto con la Policía Nacional, intervinieron la zona para garantizar el orden público, restablecer la movilidad y permitir la reactivación de las operaciones mineras autorizadas por la autoridad ambiental.

La intervención se produjo en el marco de un procedimiento legal y coordinado con la Alcaldía de Socha, la Personería Municipal y demás instituciones, tras agotar los canales de diálogo con los manifestantes que desde el pasado 15 de enero impedían el ingreso de personal y materiales a la mina.

El coronel Fredy Yamid Barbosa, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, explicó que la medida respondió a la necesidad de restablecer el orden sin vulnerar el derecho a la protesta, el cual se respetó durante más de 100 días.

“Desde la expedición de la Resolución 2623 del 12 de diciembre de 2023, mediante la cual Corpoboyacá levanta la medida preventiva sobre la empresa minera, se convocaron múltiples mesas de diálogo. Participaron la Gobernación de Boyacá, la Defensoría del Pueblo, la Personería, el alcalde de Socha y otras autoridades. Se ofrecieron todas las garantías para una salida concertada, pero lamentablemente no fue posible llegar a una solución con las personas que mantenían el bloqueo”, afirmó el oficial.

Durante estos meses, las autoridades realizaron diversos consejos de seguridad e intentaron establecer mecanismos de mediación entre la empresa operadora y los manifestantes. Sin embargo, quienes lideraban el bloqueo decidieron no participar en las mesas de concertación y acudieron a instancias judiciales para controvertir la decisión administrativa de Corpoboyacá.

Operativo

Según explicó el coronel Barbosa, el bloqueo del ingreso estaba generando riesgos graves para la seguridad industrial de la mina, ya que impedía el ingreso de insumos y personal técnico necesarios para el mantenimiento adecuado de la operación. “Estábamos ante una situación crítica, con riesgo de accidentes e incluso afectaciones a la vida e integridad de las personas”, indicó.

La intervención, que se realizó en la mañana de este jueves, fue precedida por nuevas acciones de diálogo lideradas por la Personería Municipal y la Policía. En el sitio, la mayoría de los manifestantes decidieron retirarse voluntariamente, desarmando sus estructuras. Sin embargo, un grupo reducido de cinco o seis personas intentó impedir nuevamente la movilidad de vehículos, por lo que fue necesario conducirlas a la estación de policía.

“No hay capturas. Lo que se hizo fue aplicar las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia (Ley 1801) frente a las faltas cometidas por estas personas. Aclaramos también que en una situación puntual se hizo uso de agentes químicos para dispersar a un grupo y, en algunos casos, se utilizaron esposas de manera preventiva, lo cual está contemplado en los protocolos policiales cuando hay riesgo de agresión entre personas o hacia los uniformados”, añadió Barbosa.

Presencia policial continuará en la zona

Ante la posibilidad de que los manifestantes intenten regresar, el comandante de Policía señaló que se mantendrá presencia permanente en el área.

Estaremos en la zona garantizando la libre movilización, evitando nuevas vías de hecho y protegiendo los derechos de todos los actores. Reiteramos que los mecanismos judiciales siguen disponibles para quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados. El bloqueo no es el camino, menos cuando se ha ofrecido diálogo desde el primer momento”, subrayó el coronel.

La mina El Alizal opera con el respaldo legal de la Resolución 2623 expedida por Corpoboyacá, mediante la cual se levantó una medida preventiva que restringía temporalmente su actividad. Desde entonces, la empresa cuenta con la autorización ambiental para retomar sus labores, lo que fue notificado a las autoridades locales y a la comunidad.

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