Por cuarta vez suspenden audiencia de acusación contra exsecretaria de educación Alexandra Agudelo

Medellín, Antioquia

Por cuarta vez consecutiva, la Fiscalía General de la Nación solicitó aplazar la audiencia de acusación en el caso Buen Comienzo, proceso que involucra a la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz; la exdirectora técnica del programa, Lina Gil; y el representante legal de la corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez.

Durante la audiencia, el nuevo fiscal asignado al caso argumentó que aún no ha podido finalizar el escrito de acusación debido a la falta de un material probatorio específico que ya tiene referenciado. Señaló, además, que acaba de asumir la dirección seccional de Medellín y debe revisar todo el expediente antes de avanzar con la audiencia formal.

El juez aceptó la solicitud de reprogramación, y la audiencia fue fijada para el próximo 31 de julio a las 2:00 p. m., lo que prolonga un proceso que ya completa más de dos años sin avanzar a la etapa de juicio, pese a que la imputación se realizó en febrero de 2023.

Finalmente se determinó que el inicio del juicio oral sería el 2 de octubre a las 8 am, con continuidad el 9 de octubre 8:30 am, 22 de octubre 1:30 pm, 31 de octubre 8:30 a 12 pm, 14 de noviembre 8:30

El caso Buen Comienzo

Este proceso judicial se centra en presuntas irregularidades en la contratación del programa Buen Comienzo, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Según la Fiscalía y la Procuraduría, en 2020 se adjudicaron de forma directa más de $21.000 millones a la Corporación Colombia Avanza, sin que mediara un proceso competitivo.

Las autoridades sostienen que dicha contratación vulneró principios de transparencia y selección objetiva, afectando la pluralidad de oferentes y derivando en pagos por servicios no prestados o a personal no requerido. Por estos hechos, Alexandra Agudelo fue imputada por peculado por apropiación en favor de terceros.

Inicialmente, Agudelo fue cobijada con medida de aseguramiento domiciliaria, pero esta fue levantada cuando dejó su cargo. Posteriormente, la Procuraduría la sancionó con inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años.