Procuraduría pide condenar a dos oficiales (r) del Ejército por desaparición en Palacio de Justicia
La intervención se da en el caso de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio.
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación electo. Foto: Senado
JUSTCIA
La Procuraduría pido a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia casar un fallo y condenar al general en retiro, Iván Ramírez Quintero y al coronel en retiro, Fernando Blanco Gómez, como coautores del delito de desaparición forzada en la toma del Palacio de Justicia en 1985.
El caso se remonta a la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez, quien para la época de los hechos era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia.
La solicitud se hace a raíz del análisis de los testimonios de Cecilia Saturia Cabrera Guerra, esposa de la víctima, y María del Carmen Castro de Patiño, personal de servicios generales, quienes identificaron a Rodríguez Vera saliendo del edificio acompañado del Ejército Nacional, si embargo, nunca apareció.
La señora Cecilia reconoció a su esposo en las imágenes por características físicas como su cabello, fisonomía, estatura, y forma de correr, afirmando categóricamente que era él quien abandonaba el Palacio.
Asimismo, la trabajadora del Palacio de Justicia, también identificó a Rodríguez Vera en los videos, reforzando la evidencia de que fue visto con vida saliendo del edificio acompañado de las Fuerzas Militares.
Para la Procuraduría, el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a los acusados, incurrió en un error al no valorar adecuadamente estos testimonios, especialmente considerando la cercanía y el vínculo personal que las testigos tenían con Rodríguez Vera.
“Se destaca que las personas más allegadas a alguien son las más capacitadas para reconocerlo, y se critica el desconocimiento de esta regla de la experiencia por parte del Tribunal al minimizar la validez de los testimonios”, indicó el Ministerio Público.
En consecuencia, se solicita casar el fallo anterior y condenar a los altos oficiales como coautores del delito de desaparición forzada, argumentando que su responsabilidad en los hechos está plenamente demostrada.
“Ramírez Quintero y Blanco Gómez, como miembros del COICI (Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia), tenían el control de la situación y, por lo tanto, son responsables de la desaparición de Rodríguez Vera”, señala el Ministerio Público.
