Denuncian que agente interventora designada para el hospital de Nazareth no cumple con requisitos
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza advirtió que este nombramiento se hizo por parte de Beatriz Gómez, la esposa del ministro de Salud

Hospital de Nazareth en La Guajira . Foto: SuperSalud.
Colombia
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Beatriz Gómez, la esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría nombrado irregularmente a la interventora del hospital de Nazareth, en La Guajira.
Según advirtió la congresista del Partido Dignidad y Compromiso, la agente interventora designada para este hospital, Nelvis Yudian Guerra, no cumple con lo exigido por 4 normas, entre estas tener mínimo tres años de experiencia en dirección o asesoría a una entidad del sector salud.
“Ni ha participado por lo menos tres años en la dirección de ninguna entidad del sistema de salud, pero ni siquiera hace parte del registro de interventores y liquidadores, que es una condición básica para que ella haga parte o así asuma estas labores. Sin embargo, la superintendente Gómez Consuegra certificó de manera muy sorprendente que esta interventora cumplía los requisitos cuando el mayor mérito de la hoja de vida de la doctora Guerra es haber participado de la dirección de gerencia y administrativa de una fundación”.
De hecho, de acuerdo con la investigación realizada por Pedraza, dicha fundación la cual habría dirigido la agente interventora Nelvis Yudian Guerra, es cercana al clan de Kiko Gómez en La Guajira, por lo que la representante cuestionó que se estarían interviniendo los hospitales en el país para que estos sean repartidos a cuotas políticas.
“Fundación muy cercana al clan de Kiko Gómez en La Guajira. ¿Qué está pasando aquí? ¿Están interviniendo los hospitales no solo para poner gente dócil al ministro de Salud, sino también para repartirlos en las cuotas de los clanes políticos tradicionales que supuestamente este gobierno no representaba?”
A propósito de esta denuncia, la congresista hizo un llamado a los entes de control y puntualmente a la Procuraduría, para que adelante una investigación y garantice el derecho a la salud para los colombianos.