Judicializados presuntos responsables del secuestro y hurto a un comerciante en Medellín
Se les imputaron cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Foto: Cortesía.
Medellín
La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro personas, entre ellas una madre y su hijo, por su presunta participación en el secuestro y hurto a un comerciante en el barrio Laureles de Medellín.
Los procesados son Juan Manuel Urrego Ramírez, Jairo Andrés Londoño Blanco, Nelson Yadid Velásquez Montoya y Ana María Ospina Ramírez, madre de Urrego Ramírez. El fiscal designado ante el Gaula imputó a los detenidos por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024, cuando la víctima se puso en contacto con Ana María Ospina para exigir el pago de un préstamo de 700.000 pesos que le había hecho con los respectivos intereses. Aunque Ospina inicialmente afirmó no contar con el dinero, después de una discusión, le indicó que recogiera el dinero en su vivienda en Laureles. Al ingresar al lugar, la víctima fue recibida por la mujer, pero pronto fue abordado por varios hombres, quienes lo intimidaron y golpearon con un arma de fuego y un arma blanca. Durante su secuestro, la víctima fue amenazada con una suma de 40 millones de pesos a cambio de su libertad. Además, fue obligada a realizar transferencias bancarias y despojada de su celular.
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Las capturas de los implicados se llevaron a cabo en una diligencia de registro y allanamiento realizada por el Gaula de la Policía Nacional. En la vivienda de Juan Manuel Urrego Ramírez, se incautó un arma de fuego y 54 cartuchos de munición.
Cabe destacar que Nelson Yadid Velásquez Montoya se encontraba bajo detención domiciliaria debido a una investigación relacionada con otros hechos delictivos en su contra. Durante la audiencia, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para tres de los procesados, mientras que Ana María Ospina Ramírez fue enviada a su lugar de residencia bajo medida de aseguramiento domiciliaria.
La Fiscalía sigue trabajando para esclarecer todos los detalles de este acto delictivo y garantizar la seguridad de la comunidad.
