Los caminos que tiene la Alcaldía de Ibagué para enfrentar demandas por obras del puente de la 60

Ibagué

El abogado, Luis Felipe Aranzalez, explicó en diálogo con Caracol Radio, los caminos que tendría la Alcaldía de Ibagué, para enfrentar las tres demandas instauradas contra el municipio por las fallidas obras del puente de la calle 60 con Quinta.

Recordemos que a mediados del año 2024 la administración municipal sancionó por $3.914 millones al consorcio Puente Carrera Quinta por el incumplimiento total de las obras de construcción. Motivo por el que el municipio enfrenta estos tres procesos judiciales por más de $70 mil millones.

“Los primero que hay que decir es que estamos frente a la ejecución de un contrato que no ha finalizado, jurídicamente está en estado de suspensión, pero que en cualquier momento se puede reactivar”, resaltó Aranzalez.

Una de las demandas es la del Consorcio Puente Carrera Quinta, cuyas pretensiones ascienden a los $58 mil millones por los supuestos daños y perjuicios ocasionados en el desarrollo del objeto contractual.

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“Esta demanda está tasada en unos valores ridículos, frente a las posibilidades de derecho, lo que se enjuicia es frente a ese incumplimiento declarado al 100% por parte de la Alcaldía y del cual hemos advertido que fue un error, aunque faltando 30 días para terminar el contrato el avance no superaba el 10%”, aseguró.

Aranzalez advirtió que este proceso trae un riesgo para la administración, pero no de ese valor, pero recalcó que el contratista se expone a ser sancionado a futuro por el 10% de ese valor, por presentar pretensiones que no se ajustan a la realidad.

Por otra parte, existe una demanda de $7 mil millones de la compañía Mundial de Seguros S.A. que busca recuperar los dineros de la sanción aplicada “Reclaman una afectación al debido proceso, una afectación en relación con la ejecución del contrato”.

También hay una tercera acción judicial instaurada por parte de uno de los consorciados de nombre Megaobras Infraestructura S.A.S. que busca se le condene al municipio por $3.914 millones, a la vez se busca dejar sin piso jurídico la declaratoria de incumplimiento total.

A la vez advirtió, que uno de los requisitos para la sustentación de las demandas tendría que ser que los contratistas estaban cumpliendo, situación que no estaba sucediendo.

El contrato se podría reactivar y lograr una conciliación

Aranzalez confirmó que el proceso se podría reactivar porque se encuentra es suspendido, lo que facilitaría su reanudación, debido a que se mantiene vigente por lo que el municipio podría tomar la decisión.

A la vez el abogado conceptuó que es viable un acuerdo entre los demandantes y la Alcaldía de Ibagué, pero que se deberá determinar hasta donde el municipio podría ceder a las pretensiones con el fin de sacar adelante este proceso.

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“Por una parte tenemos la sanción de $3.914 que era la clausula penal, de este punto derivan las reclamaciones, podrían llegar a un acuerdo, pero se deberá determinar hasta donde se podría conciliar”, manifestó el jurista.

Este tipo de procesos tienen una duración para una primera instancia entre 2 y 3 años, además de otros 3 años para una segunda instancia lo que tendría en vilo a las partes.

Finalmente, sostuvo que, si el municipio es condenado, a futuro se deberán evaluar las responsabilidades de los funcionarios para que se proceda a resarcir los daños y perjuicios con el patrimonio de quienes hicieron parte del proceso.