Piden suspender resolución que crea la Zona de Protección para Producción de Alimentos del Tolima
Así lo anunció la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, al indicar que el Ministerio de Agricultura vulnera la autonomía de las entidades territoriales.
Gobernadora del Tolima, Adriana Matiz
Tolima
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, catalogó como un raponazo a la autonomía de las entidades territoriales la Resolución 352 de 2024, mediante la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establece las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el corredor agropecuario de la cordillera norte-occidental del Tolima. Esta área incluye los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno.
La mandataria expuso su postura durante un encuentro en Ibagué organizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en el que participaron gremios del sector agropecuario y la academia.
Basándose en sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Matiz reiteró que la resolución “Elimina las competencias para decidir sobre el futuro del departamento, vulnera el principio de autonomía territorial, desconoce el derecho de consulta previa de las comunidades étnicas y transgrede la competencia exclusiva de los municipios sobre el uso del suelo”.
Asimismo, señaló que la resolución del Ministerio de Agricultura nunca fue socializada y que su rechazo a esta medida cuenta con el respaldo de los alcaldes de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Casabianca, Palocabildo, Herveo y Fresno.
De manera clara y contundente, la gobernadora solicitó formalmente al Ministerio de Agricultura la suspensión de la resolución hasta que se realicen procesos de socialización amplios con actores clave, como alcaldes, concejos municipales, gremios, la asamblea departamental, la academia y demás interesados en el futuro del norte del Tolima.
Matiz también cuestionó que la medida no tuvo en cuenta el Plan de Desarrollo del Tolima, que define las especializaciones productivas de cada región.
“El Acuerdo de Escazú promueve procesos participativos, abiertos e inclusivos. Esta no es una oposición irracional. Exigimos respeto por la autonomía territorial. Todos estamos comprometidos con la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. Sin embargo, si no somos escuchados, emprenderemos acciones judiciales, algo que preferiríamos evitar. Estamos listos para una discusión argumentativa y respetuosa”, puntualizó Matiz.
