Denuncia: acusan al comandante de policía de Caucasia de ordenar la venta de un motor incautado

Caucasia, Antioquia

En Caucasia, Antioquia, el pasado 5 de marzo del 2024, fue incautado por la policía de esa población un motor marca Mack valorado en aproximadamente 50 millones de pesos. Este potente motor, propiedad de un comerciante dedicado a la venta y alquiler de maquinaria pesada y motores registrado como importador, era transportado en un vehículo por otro hombre que lo había arrendado para utilizarlo en unas peceras, cuando fue interceptado por las autoridades y, al inspeccionarlo, indicaron que debía quedar bajo custodia policial porque supuestamente el número de identificación estaba regrabado. Desde ese momento fue llevado a la estación de policía de esa localidad del Bajo Cauca antioqueño.

“Ese motor estaba a disposición de la doctora que ostenta la calidad de fiscal 26 de la seccional Caucasia; el motor, hasta este punto, no tenía un proceso probatorio que efectivamente dijera que el motor se había adulterado en su identificación, estaba en una investigación en curso. Este motor fue dejado en las instalaciones de la estación de policía”, manifestó la señora Amelia Yola Mendoza, abogada del propietario del motor.

Hasta ahí todo parece un procedimiento normal, incluso se hizo un acta sobre la incautación y la misma fiscalía recibió el caso para la posterior investigación y desde el 5 de marzo quedó en predios y en custodia de la policía de Antioquia. La aparente anomalía surgió el 23 de enero del 2025 cuando la abogada Mendoza llegó hasta las instalaciones policiales a verificar el estado de este, pero la sorpresa es que el gigantesco motor que pesa varias toneladas no estaba en el parqueadero donde lo habían dejado en el 2024.

“No había explicación de qué había ocurrido con el motor. El motor, para ser trasladado, y en eso pues hay que dejar mucha claridad a la audiencia, el motor ni una, ni dos, ni tres personas lo pueden mover; el motor necesita ser movido por grúa o por maquinaria pesada porque el motor es extremadamente largo, ancho y pesado”, agregó la defensora.

Luego de esto, la señora abogada hace los respectivos requerimientos oficiales a la fiscalía y a la misma estación de policía de Caucasia, ya que el motor fue extraído del lugar sin una autorización firmada por la fiscal del caso.

“Como apoderada de presentar los requerimientos a la fiscalía, es que surge que el patrullero Rodrigo Rafael Rhenals Morelo interpone una denuncia por la pérdida del motor y es cuando la fiscal comienza a compulsar copias. ¿Por qué esperar hasta ese punto si es un material probatorio que está bajo custodia?“, se pregunta.

Recalca que, para obtener una respuesta oficial del caso, fue necesario interponer una acción de tutela y así se enteró de una versión que para ella es un aparente caso de corrupción por parte de los uniformados de esa estación y lo argumenta con el expediente que le fue suministrado por parte de la fiscal ante la acción de amparo y lee un extracto del documento.

“Se toma contacto personalmente con el señor patrullero Cristian Adrián Flores Álvarez, quien manifiesta verbalmente que ese motor fue sacado y vendido como chatarra en el mes de diciembre, que no recuerda la fecha exacta y que la orden había sido emitida por el Mayor Edison Felipe Zapata Muñoz, comandante de la estación en ese momento. Literalmente, me voy a permitir repetir un fragmento, habían dado 5 millones de pesos y con eso para comprar regalos para la novena de Navidad, que le había dado parte a mi mayor y el resto lo había repartido. Literalmente, el oficio nos informa. La verdad es un hecho totalmente lamentable”, recalca.

Agrega que la situación debe ser investigada para llegar a una conclusión; esta es la de la reparación económica para el propietario, ya que, según sus palabras, la policía debe ser garante de la integridad personal y patrimonial de la población. Además, piden que se garantice la seguridad de los denunciantes y sus familias.

“Exigirle a las autoridades colombianas y a los entes de control que sean garantes de esta investigación. En primer lugar, que se sometan a la justicia todos los responsables y no solamente ello, sino que se garantice por lo delicado del caso la integridad física no solamente de mi representado, el señor Rodrigo Escobar, sino de su familia y de mi persona”.

¿Qué responde la policía?

Caracol Radio contactó al coronel Salomón Bello Reyes, comandante operativo del distrito de la policía Bajo Cauca, quien indicó que la institución ya está enterada de la queja y que de inmediato el comandante de policía Antioquia ordenó una investigación con el fin de esclarecer lo ocurrido y recalcó que son transparentes en este tipo de situaciones.

“Y eso son hechos en materia de investigación, ya hay un equipo interdisciplinario interno que está indagando sobre eso y está haciendo las averiguaciones pertinentes y judicialmente”, dijo el coronel Bello Reyes.

Lo que más llama la atención es que la jurista el día de la incautación tomó un video enfrente de la fiscalía y la policía en el que deja en evidencia el lugar en el que quedó y su estado. En el videoclip se escucha cómo la abogada describe el registro realizado.