Elecciones atípicas en Putumayo: Candidatos opcionados y sus cuestionamientos, según Pares

Colombia

Luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Carlos Andrés Marroquín por haber incurrido en doble militancia, este domingo 23 de febrero se llevarán a cabo las elecciones atípicas en Putumayo. Allí, se elegirá nuevamente al gobernador de este departamento y también, al alcalde de Puerto Guzmán.

Cuatro nombres fueron inscritos y avalados por la Registraduría como candidatos a la Gobernación de Putumayo, John Gabriel Molina con el aval del Partido Conservador, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Jonny Fernando Portilla quien es candidato por el Partido Liberal en coaval con Fuerza de La Paz, Jhon Freddy Peña por la coalición “Putumayo Sigue Adelante”, y Miguel Ángel Rubio que hace parte de la coalición del Pacto Histórico.

Según un informe publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, John Gabriel Molina y Jonny Fernando Portilla son los más opcionados para quedarse con el cargo.

De acuerdo con este documento, esta es la tercera ocasión en la que John Gabriel Molina busca llegar a la Gobernación de Putumayo. De hecho, indica que en 2023, Molina participó con su coalición “Movimiento Molina”, junto con el coaval del Partido Liberal y el Partido Conservador. En esta ocasión, obtuvo el segundo lugar con 53.879 votos.

Mientras tanto, mencionan que Jonny Fernando Portilla ha sido concejal por el municipio de Orito, diputado a la Asamblea Departamental del Putumayo y candidato a la Alcaldía del municipio de Orito en dos oportunidades.

Estos serían algunos de los cuestionamientos a sus candidaturas

Señalan también desde la Fundación Pares que en las elecciones de 2023 el Consejo Nacional Electoral recibió múltiples solicitudes para revocar la candidatura de John Gabriel Molina, “luego de que fuera cuestionado por presunta doble militancia, al haber aparecido acompañando a Andrea Díaz, candidata a la Alcaldía de Villagarzón por el partido Nuevo Liberalismo; a Edinson Ramírez, candidato a la Alcaldía de Orito por el partido MAIS; a Pompilio López Barrera, candidato a la Alcaldía de Puerto Leguízamo por Colombia Renaciente; Oscar Escobar, candidato a la Alcaldía de San Francisco, por el Movimiento Cheo, y Danilo Hernández, candidato a la Alcaldía de Sibundoy, por el Movimiento Nuevo Sibundoy”.

Sumado a esto mencionan que presuntamente, el exalcalde de Mocoa, Elver Cerón, quien fue asesinado el pasado 4 de enero, habría respaldado su campaña.

Indican además en el informe que según indicios, Molina estaría recibiendo apoyos de un grupo armado organizado del departamento en su campaña electoral a la gobernación.

“Estos cuestionamientos se han extendido entre algunas comunidades de Putumayo, con las que la Fundación Paz & Reconciliación ha tenido la oportunidad de hablar, y que parecen estar relacionadas con una declaración del saliente ministro del Interior Juan Fernando Cristo el pasado 21 de enero, en las cuales aseguró que existen informes de la Defensoría del Pueblo y denuncias de ciudadanos y sectores políticos que alertan sobre la intención de grupos armados de interferir en los procesos electorales. Grupos que, según el Exministro Cristo, estarían en diálogos con el Gobierno Nacional. Cabe recordar que, de los grupos con presencia en el departamento, dos tienen negociaciones abiertas con el Gobierno: los Comandos de Frontera y el Frente Raúl Reyes”.

Señalan allí que incluso, según líderes del departamento, el grupo armado Los Comandos de Frontera estarían utilizando programas de transformación territorial, que son financiados por el Gobierno, no solo para aumentar su gobernanza sobre los pobladores, sino para impulasar la campaña de John Gabriel Molina a la gobernación del Putumayo.

“Según tres líderes del Putumayo, dos presidentes de juntas acción comunal y un defensor de derechos humanos, Los Comandos de Frontera estarían intentando usar los programas de transformación territorial financiados por el Gobierno Nacional en el marco de la mesa de negociaciones, particularmente este piloto y el encuentro de los 300 campesinos, no solo para aumentar su gobernanza criminal sobre los pobladores del departamento sino también para presuntamente impulsar la campaña a la gobernación del candidato John Molina”.

Frente al otro candidato opcionado para quedarse con la gobernación de Putumayo, Jonny Fernando Portilla, explicaron desde PARES que aunque su trayectoria y campaña electoral no ha tenido cuestionamientos probados, se pudo establecer que su maquinaria política está respaldada por la facción liberal del departamento, liderada por el exministro Guillermo Rivera y el representante a la Cámara, carlos Ardila.

“Si bien es cierto que su hoja de vida no tiene cuestionamientos probados, frente a la campaña de Portilla, Pares estableció que su caudal presuntamente viene apalancado por las estructuras políticas tradicionales que fueron contrarias a Cerón. En este caso, la facción Liberal que lidera en la actualidad el representante Carlos Ardila, el poder de la elite del departamento, liderado por el exministro Guillermo Rivera y la actual estructura del gobernador destituido, Carlos Andrés Marroquín“.

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, otro de los candidatos, Jhon Fredy Peña, es heredero político del exgobernador Buanerges Rosero Peña y es ficha clave alrededor de su círculo político.

Indican que, Rosero, quien dirige y coordina la campaña de Peña, ha sido cuestionado por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad de documento público, al haber estado involucrado en un marco de un presunto entramado de corrupción alrededor de un contrato para la compra de 10 ambulancias en medio de la pandemia del COVID-19.

“Según Cuestión Pública, en febrero de 2021, la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, acusó a Buanerges Rosero Peña por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad de documento público en el marco de un presunto entramado de corrupción relacionado con la firma de un contrato en abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para atender la emergencia sanitaria del COVID –19, según el ente acusador el contrato habría tenido un presunto sobrecosto de más de $1.000 millones de pesos“.

Además, mencionan que al exgobernador Rosero Peña también se le cuestiona por la relación con su concuñado, Edgardo Figueroa, quien fungió como alcalde de Puerto Caicedo para el periodo 2020-2023 por el Partido ASI.

“Figueroa en su pasado se desempeñó ocasionalmente como médico del Frente 32 de las Farc. En 2015, intentó postularse a la Alcaldía de Puerto Caicedo, no obstante, fue capturado en Santander presuntamente por transportar más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína en una ambulancia. Como resultado, en 2016, fue condenado a 11 años de prisión e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de tiempo”.

Agregaron que en su informe de candidatos cuestionados de 2019, se alertó sobre los señalamientos en contra de Buanerges, puntualmente por su intento de contratar a su cuñado John Pardo, como asesor durante su administración como alcalde.