Procuraduría abre investigación por escándalo de compra de tamales a $21.000 en Alcaldía de Ibagué
Los hechos se presentaron durante la celebración del Festival Folclórico del 2024, donde también se pagaron copas ‘aguardienteras’ a más de $39.000 COP. Le contamos los detalles.
Tamal Tolimense / Gettyimagenes / Nelson Hernandez Chitiva
Ibagué
La Procuraduría General de la Nación inició investigación contra la secretaria Administrativa de la Alcaldía de Ibagué, Norma Margarita Cifuentes Zarta y el secretario de Cultura, Mauricio Hernández Cala, por posibles irregularidades en la licitación para adjudicar el manejo del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, en el año 2024 y el cual tuvo un valor total de $ 8.034′790.377.
La investigación del Ministerio Público busca establecer si se presentaron sobrecostos en algunos de los bienes y servicios contratados en el 2024 con la firma León Gráficas SAS, con el objeto de proporcionar servicios logísticos, operativos y técnicos para el fomento de espacios de circulación artística y cultural en el marco de la versión 50 del citado festival.
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Según las múltiples versiones en la ciudad y las publicaciones realizadas por Caracol Radio, los precios “estarían alejados de la realidad de los costos del mercado local”; la licitación presentó fallas que demostrarían la falta de planeación de la administración local desde que se publicó el proceso contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y además de ello, se habría pactado la adquisición de tamales a $ 21.000 la unidad y de copas aguardienteras a $ 39.270 cada una, por citar algunos de los costos que se habrían “inflado”.
La Procuraduría también conoció la acción de tutela que interpuso un ciudadano interesado en el proceso, señalando que se desconocieron sus derechos por falta de garantías en los plazos y oportunidades legalmente establecidos para controvertir los informes de evaluación, por omisiones en la comunicación del informe final por cambios abruptos en la realización de la audiencia pública de adjudicación, entre otros.
Por último, el ente de control ordenó la práctica de pruebas e informó a los sujetos procesales los beneficios de la confesión o aceptación de cargos.
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