Procuraduría dicta pliego de cargos contra tres exsecretarias del exalcalde Daniel Quintero
El ente de control decidió iniciar el proceso disciplinario en contra de Andree Uribe, Natalia Jiménez y Karen Delgado.
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Medellín, Antioquia
La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos en contra de las exsecretarias de despacho de la administración de Daniel Quintero: Jennifer Andree Uribe Montoya, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado Manjarrés, quienes desempeñaron los cargos de Secretaria de Salud, Secretaria General y Secretaria de Suministros y Servicios, respectivamente, durante el proceso de ejecución de un contrato para la Clínica la 80.
Se trata de un contrato de transacción celebrado el 12 de mayo de 2022 entre el Distrito Especial de Medellín y la Fundación Colombiana de Cancerología “Clínica Vida” por un valor de $12.007.429.401. Según la Procuraduría, este contrato implicó la entrega a un particular de unas adecuaciones realizadas en 2020 que habían costado $23.744.721.295, lo que significó una pérdida de casi la mitad del valor invertido por la entidad pública.
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Además, el ente de control determinó que el contrato fue suscrito en una notaría por Uribe Montoya, Jiménez Pérez y Delgado Manjarrés, incurriendo presuntamente en falsedad ideológica en documento público. Esto debido a que en el documento se afirmaba que el contrato contaba con la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía de Medellín, cuando en realidad dicho comité, presidido en ese momento por Natalia Andrea Jiménez Pérez, no lo había aprobado un día antes de su firma.
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Según lo pactado en el contrato de transacción, la Clínica Vida se comprometió a pagar en cuotas, entre 2022 y 2025, la suma de $12.007.429.401 al Distrito de Medellín por las mejoras y adecuaciones realizadas en la Clínica de la 80, cuyo costo total ascendió a $23.744.721.295.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación dictó cargos a las exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero, señalándolas por falsedad ideológica en documento público, debido a su participación en la celebración del contrato y la inclusión de información falsa en el mismo.