Triple A responde a fallo de las Supersociedades sobre subsidios en Soledad
La empresa niega haber recibido los pagos por parte del municipio.

Cortesía Triple A
Luego de que la Superintendencia de Sociedades dictara sentencia a favor del municipio de Soledad en el litigio sobre los pagos de subsidios del municipio a Triple A entre los años 2002 y 2009, que ascienden aproximadamente a $47 mil millones otorgados a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1, 2 y 3, la empresa Triple A dio a conocer su posición frente al reciente fallo.
“Como empresa comprometida con la transparencia y el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades como prestadores de servicios públicos domiciliarios, consideramos oportuno aclarar que, en relación con los subsidios correspondientes a las vigencias en mención, Triple A no ha recibido las transferencias de estos por parte del municipio de Soledad, lo cual puede ser constatado a través de los registros contables de la compañía”, dijo la compañía en un comunicado.
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Además, la empresa sostuvo que el municipio de Soledad “se acogió a la Ley 550 de 1999, para la reestructuración de sus pasivos, proceso en el cual los acreedores tienen la oportunidad de presentar sus acreencias. Sin embargo, la acreencia de Triple A por concepto de subsidios no fue incluida por el promotor del acuerdo del municipio de Soledad en su momento, a pesar de haberse ordenado la inclusión de esta mediante sentencia proferida por la Superintendencia de Sociedades de fecha 19 de septiembre de 2012, decisión por la cual Triple A solicitó su cumplimiento. No obstante, en noviembre de 2024 la misma fue negada por la entidad de inspección, vigilancia y control, al considerar que el municipio sí había cumplido el acuerdo, al incluir las acreencias”.
Niegan recibir los pagos
En la misiva, Triple A señala que reconoce y respeta la decisión de la Supersociedades, pero agrega que mantienen su posición con relación a los pagos.
“Mantenemos nuestra postura de que nunca se realizó la inclusión de la citada acreencia y que los pagos no han sido realizados al prestador conforme a lo ordenado legalmente y estipulado contractualmente. Por tal razón, continuaremos ejerciendo las acciones legales, siempre con estricto apego al marco jurídico, en búsqueda de una solución definitiva que permita aclarar los hechos y garantizar la sostenibilidad financiera de la operación en un municipio donde a pesar de no haberse cumplido con la transferencia de dichos recursos, el prestador de servicios públicos domiciliarios viene prestando sus servicios en calidad y eficiencia a los residentes de dicho municipio”, dijo la empresa.