MinSalud solicitó a la Procuraduría designar a un procurador “imparcial” para el sector salud
El ministerio rechazó las afirmaciones de la procuradora Diana Margarita Ojeda sobre el cálculo y fijación de la UPC, las cuales no tendrían sustento técnico
Guillermo Alfonso Jaramillo
Caracol Radio conoció en primicia el escrito de recusación que el ministerio de salud envío a la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, en rechazo a las declaraciones de la funcionaria sobre la presunta crisis en el sistema de salud por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación, sobre las cuales según la cartera de salud, las realizó basada en una serie de juicios sin sustento probatorio y sin imparcialidad.
En ese sentido, el ministerio solicitó a la Procuraduría General de la Nación que designe a un “Procurador(a) Delegado(a) para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social ad hoc, respectivamente, respetándose de este modo, el principio de imparcialidad y el derecho fundamental al debido proceso”.
Dicho pronunciamiento del ministerio se da luego de que en las más recientes declaraciones a medios, la procuradora Ojeda realizará las siguientes afirmaciones respecto al cálculo y fijación de la UPC del 2025:
“Esas razones para hablar de una UPC no son técnicas y si uno revisa la resolución 2717 ahí hay presuntamente falsa motivación.”
A esto se suma lo siguiente, dicho por la procuradora: “Que por favor revisen la Unidad de Pago por Capitación, revisen todo lo que han destruido para ver si se logra algo porque la situación como está es irreversible, es caótica, la crisis es grande; en un país donde cierran más de 1000 servicios, donde cierran clínicas, donde cierran hospitales, donde atrasan los tratamientos (...) que se dejen de ideologías, si quieren estatizar, quieren desarticular el sistema pero este no es el momento de seguir destruyendo el sistema“.
Según el ministerio, el mensaje enviado por la procuradora Ojeda vulnera el principio de imparcialidad que debe regir las actuaciones administrativas, así como el principio al debido proceso, defensa y contradicción, y presunción de inocencia, puesto qué con ello se genera una desconfianza colectiva hacia las instituciones públicas que repercute directamente en la legitimación del Estado.
