Mesa Humanitaria alertó falta de garantías tras enfrentamientos de grupos armados en el Bajo Cauca

Bajo Cauca, Antioquia

La Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, junto con otras organizaciones sociales, emitió un comunicado urgente para alertar sobre el deterioro de la situación humanitaria en el Bajo Cauca y el Nordeste Antioqueño, regiones que han sido gravemente afectadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad, situaciones que han puesto en riesgo a comunidades civiles.

El punto crítico más reciente ocurrió entre el 30 y el 31 de diciembre en las veredas El Socorro y Bocas de Chicamoqué, ubicadas en el municipio de El Bagre, en los límites con Segovia y el sur de Bolívar. Allí, enfrentamientos entre el Clan del Golfo y una alianza entre el ELN y disidencias de las Farc obligaron al desplazamiento de al menos 230 personas.

A pesar de las constantes denuncias de las comunidades y las organizaciones defensoras de derechos humanos, el comunicado señala que el Ejército Nacional no ha garantizado la protección adecuada de las poblaciones afectadas. De hecho, se reporta que el pasado 4 de enero fuerzas militares intervinieron en territorio indígena, vulnerando su autonomía y neutralidad, lo que aumentó los riesgos para los habitantes de esta zona.

Las organizaciones sociales denunciaron también la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno nacional y las autoridades locales para prevenir nuevos desplazamientos y garantizar la seguridad de las comunidades. Señalaron que la expansión del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) representa una amenaza constante, especialmente para líderes y lideresas sociales en la región.

“No existen planes para prevenir esta situación y el grupo paramilitar EGC continúa avanzando, poniendo en riesgo a la población, sin que haya una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad para prevenir nuevas acciones contra la población en estos territorios”, destaca el comunicado.

Exigencias al gobierno

Ante esta grave situación, las organizaciones firmantes exigieron al Gobierno Nacional acciones inmediatas para atender la crisis y garantizar los derechos de las comunidades.

• Atención inmediata a las víctimas de desplazamiento forzado, garantizando alimentación, agua potable, atención sanitaria y condiciones de seguridad.
• Implementación de la Zona Crítica y Humanitaria en el Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, como lo establece el Acuerdo de Paz.
• Despliegue de una delegación gubernamental que coordine acciones con las comunidades indígenas y campesinas en riesgo.
• Respeto de los mínimos humanitarios en las mesas de negociación con las estructuras ilegales, como requisito previo a cualquier proceso de diálogo.

Además, instaron al Estado a garantizar el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, mientras la crisis sigue escalando en estas regiones.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia confirmó la presencia de fuerza pública en la zona para que las familias desplazadas puedan retornar a sus hogares.