Crisis en el sistema de salud de Boyacá

Boyacá

El sistema de salud de Boyacá enfrenta una crisis sin precedentes debido a las millonarias deudas acumuladas por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con hospitales públicos y clínicas privadas del departamento. Según el secretario de Salud de Boyacá, Óscar Jiménez, la situación amenaza con paralizar los servicios de salud esenciales para más de 600 mil afiliados de la Nueva EPS, una de las aseguradoras con mayor cobertura en la región.

“La deuda de la Nueva EPS con el Hospital San Rafael de Tunja alcanza cerca de 100 mil millones de pesos, mientras que con las clínicas privadas de Sogamoso, Duitama y Tunja, y con las ESE, el total adeudado también ronda los 100 mil millones”, declaró Jiménez, visiblemente preocupado por la gravedad de la situación.

El secretario advirtió que la falta de recursos ha llevado a una crisis operativa en los hospitales. “Los prestadores de salud, al no recibir los pagos correspondientes, están enfrentando despidos masivos y una fragmentación en la atención de los pacientes en ciudades como Sogamoso, Duitama y Puerto Boyacá”, señaló.

La crisis podría cerrar servicios

El impacto de estas deudas es alarmante. Algunas clínicas privadas han manifestado su intención de cerrar servicios en caso de no recibir los recursos adeudados en las próximas semanas. Además, hospitales como el San Rafael están en alerta máxima, pues sin una solución pronta, el colapso de los servicios de salud podría ser inminente.

“Estamos frente a una emergencia social. Si no logramos una inyección de recursos inmediata, más de 600 mil personas afiliadas a la Nueva EPS en Boyacá podrían quedarse sin atención médica adecuada”, enfatizó Jiménez, quien también mencionó que este panorama afecta a otras EPS como Famisanar y Sanitas, que en conjunto tienen cerca de un millón de afiliados en el departamento.

Mesa de trabajo para buscar soluciones

El próximo jueves 12 de diciembre, la Secretaría de Salud liderará una mesa de trabajo con la participación de los directivos de Nueva EPS, Famisanar, Sanitas y representantes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). El objetivo es llegar a acuerdos de pago que permitan estabilizar la operación de los hospitales y clínicas, garantizando la continuidad de los servicios hasta el cierre del año.

“Hemos tomado medidas sancionatorias, pero esto no es suficiente. Lo que necesitamos con urgencia es que las EPS cumplan con sus obligaciones y que la Superintendencia de Salud actúe para garantizar que el flujo de recursos sea oportuno”, afirmó el secretario Jiménez.

¿El Gobierno Nacional?

El secretario hizo un llamado al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud para intervenir de manera inmediata. “No podemos permitir que esta situación escale aún más. La salud de cientos de miles de boyacenses está en juego, y es nuestra prioridad garantizar el acceso oportuno y de calidad a los servicios médicos”, concluyó.