Medida cautelar suspende pagos millonarios a docentes en Córdoba
Con la decisión, se protege el patrimonio público ante posibles actos de corrupción.
Gobernación de Córdoba.
Montería
El Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería profirió una medida cautelar en defensa del patrimonio público de la Gobernación del Córdoba, frente al pago de acreencias que reclaman algunos docentes del departamento.
La decisión suspende provisionalmente los efectos jurídicos contenidos en varios actos administrativos que se refieren al pago de acreencias a docentes, reconocidas en el proceso de restructuración de pasivos del departamento en la Ley 550.
La medida cautelar se solicitó para determinar el valor real de la obligación, debido a posibles actos de corrupción en la liquidación de los montos a pagar.
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Los actos administrativos en cuestión fueron emitidos en administraciones pasadas, por un monto total de 29 mil millones de pesos, e impactan a 135 docentes de San Bernardo del Viento que reclaman las acreencias.
Protección a los recursos públicos
El juzgado actuó en respuesta a una acción popular que en concreto solicitaba, como medida cautelar, la suspensión provisional de los actos administrativos contenidos en el acta N° 004 del 5 de diciembre de 2023, la Resolución N° 07654 del 19 de diciembre de 2023 y la Resolución N° 08095 del 29 de diciembre de 2023, expedidos por el Departamento de Córdoba.
En esta acción popular se busca la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público. Según el actor, los actos administrativos mencionados reconocen, liquidan y ordenan el pago de sumas de dinero superiores a las que realmente se debieron pagar, ya que en ellos se omitieron pagos previos realizados por el Departamento de Córdoba en el año 2008, por un total de $2.041.021.932.
Asimismo, el actor señala que en la liquidación de la obligación no se tuvo en cuenta el acuerdo conciliatorio celebrado entre el Departamento de Córdoba y los docentes accionados el 25 de junio de 2013, ante la Superintendencia de Sociedades.
En el mencionado acuerdo, se estableció que “respecto a la sanción por mora en el pago de las cesantías, solo se reconocerá el valor de esta a partir de los 45 días siguientes a la ejecutoria de los actos administrativos que reconocieron las cesantías, y hasta la fecha de iniciación de la promoción del acuerdo de reestructuración de pasivos del Departamento de Córdoba”.
Suspensión provisional
Según Carlos López, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación, la medida cautelar se solicitó para revisar la situación y determinar si hay o no una deuda real con los docentes. López explicó que la obligación inicialmente era para pagar mucho menos dinero, pero que el departamento firmó un acuerdo por un pago mucho mayor sin tener en cuenta los pagos previos realizados en 2008.
La medida cautelar no anula la obligación, sino que suspende el proceso mientras se revisa la situación. López señaló que la Gobernación sigue teniendo el compromiso de pagar, pero que se busca garantizar la transparencia y evitar un detrimento para el departamento.
La situación se remonta al año 1998, cuando los docentes solicitaron el pago de acreencias prestacionales. El departamento asumió la obligación, pero no pagó la totalidad de la deuda. En 2010, se hicieron pagos parciales, pero el departamento no cumplió con la obligación en su totalidad.
