La Unidad para las Víctimas asegura que no financió a los Emberá que están en Bogotá
Es clara en señalar que no toda la atención recae en la entidad y llamó a las demás instituciones del Estado a cumplir con su responsabilidad
Unidad para las Víctimas aclara su responsabilidad frente a la atención de la comunidad Emberá
Bogotá
En Bogotá ya completan 4 días cerca de 2 mil indígenas provenientes de Risaralda, pidiendo que se les garantice el cumplimiento de los acuerdos y peticiones que han hecho desde hace tiempo. Ya se reunieron con la Agencia Nacional de Tierras y hoy la Unidad para las Víctimas se pronunció frente a varios señalamientos que le han hecho.
Esta entidad aseguró que su responsabilidad es sobre la población víctima del conflicto armado, que, según los listados oficiales, en el caso de la comunidad indígena Emberá son 28.784, enfocado en Risaralda suman 6.112.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, fue clara al decir que esta entidad, no ha financiado a esta comunidad indígena para que se movilizaran a Bogotá.
“No financiamos a los pueblos para que vengan a Bogotá. Nuestra tarea está más bien en el marco de los derechos fundamentales, contribuir para que en diálogo con los pueblos, si se quieren reubicar, retornar, o reintegrar, ahí está la Unidad”.
La Unidad para las Víctimas aclaró que no toda la responsabilidad de atención a la comunidad Emberá dependa de la entidad, por su parte activará una ruta para cumplir con lo que les corresponde frente a las peticiones hechas por los indígenas como es la construcción del centro de pensamiento mayor, retornos concertados, reubicaciones e indemnizaciones y para eso trabajarán para conseguir los recursos.
Otras entidades del Estado deberán responder por tema de tierras, viviendas, proyectos productivos, participación en los procesos de paz, salud y educación.
Ante los ataques que han sufrido los indígenas Emberá por protestar en Bogotá están evaluando acciones legales como denunciar, incluso a entidades de la alcaldía de Bogotá, por el delito de racismo y hostigamiento.
La Unidad para las Víctimas pide a las autoridades de Bogotá atender a esta población indígena que tiene derechos como cualquier otro ciudadano y que solo activarán los retornos cuando estos sean concertados porque no pueden obligar a nadie a abandonar una ciudad.
