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Semana clave en el Congreso para la reforma al Sistema General de Participaciones

En 10AM de Caracol Radio, estuvo Daniel Castellanos, economista, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y Julián López, experto en descentralización, quienes hablaron sobre las implicaciones de la reforma al Sistema General de Participaciones

Esta semana se buscará la aprobación de un proyecto que fue radicado a inicios de año por el partido ¡En Marcha!, el cual ha recibido el respaldo de algunas bancadas de la oposición. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda hay varias inquietudes sobre la nueva estructura económica que se está proponiendo para el Estado colombiano.

Se sabe que la reforma podría implicar un aumento en el gasto público, ya que se destinarían más recursos a municipios y departamentos, pero sin asignarles nuevas competencias. Esta reforma plantea entregar alrededor del 20% de los ingresos corrientes de la Bolsa de la Nación a los municipios y departamentos. Este porcentaje podría aumentar progresivamente, alcanzando el 39% en 12 años, casi el doble de la cifra actual.

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Caracol Radio habló con Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y Crédito Público, quien advirtió que, “si bien se entregarán más recursos, no se traspasarán las competencias necesarias para una adecuada gestión”. Según Echeverry, los alcaldes buscan más recursos, pero no más responsabilidades. A su juicio, la reforma se presenta como un “proyecto de ventanilla”, con recursos ya presupuestados, lo que podría dejar un vacío en la administración del Gobierno Nacional.

La clave de esta ley, según el exministro, es que no se traspasen todas las competencias a los territorios, pues dejar este dinero con destino libre, podría generar un agujero en las finanzas del Gobierno Nacional. Echeverry asegura que: “Esta situación podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país, afectando no solo al Gobierno Central, sino también a los departamentos y municipios, que quedarían atados a un sistema que también podría quebrarse.”

Cuál es el objetivo de este proyecto de acto legislativo

Por su parte, Daniel Castellanos, asesor del Ministerio del Interior, explicó que el proyecto de acto legislativo busca fortalecer la autonomía territorial en Colombia. Esta propuesta surge de la observación de que el país tiene mucho más territorio que Estado, pues este este funciona bien en los principales centros económicos del país, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, pero cuando se llega a territorios apartados, se evidencia la falta de presencia estatal.

Esta ausencia del Estado en muchas regiones se ve reflejada en el dominio de los territorios por parte de actores ilegales, como el narcotráfico, las economías ilegales, los grupos armados al margen de la ley, la pobreza, la violencia y la falta de paz. Por esta razón, Castellanos considera fundamental fortalecer la presencia del Estado en estos territorios.

Castellanos también destacó que Colombia es uno de los países más centralistas del mundo, lo que ha generado una incapacidad para atender adecuadamente las necesidades de las regiones. Este proyecto de divide en dos partes, una primera etapa, se modificaría el Sistema General de Participaciones, y en una segunda fase se discutiría una ley de competencias, que se tramitaría en los próximos dos años para permitir la transferencia simultánea de ingresos a los territorios.

¿Podría estar Colombia cerca de la descentralización?

Julián López Murcia, experto en descentralización, comentó sobre la afirmación de Castellanos acerca de la oportunidad o el riesgo que representa esta reforma. López explicó que todo depende de la capacidad de los actores públicos en los territorios. Sin embargo, el problema radica en que no se ha desarrollado suficientemente la capacidad de gestión a nivel local, y los departamentos no cuentan con mecanismos adecuados para garantizar que el gasto público se utilice de manera eficiente. Existe el temor de que los recursos terminen siendo mal utilizados, engrosando los bolsillos de los clientelistas de siempre.

López también advirtió que, si el Gobierno se endeuda para financiar estos proyectos sin un control adecuado, el país podría enfrentar mayores dificultades fiscales, lo que haría imposible que Colombia alcance su verdadero potencial de desarrollo bajo el modelo centralista actual. Esta es una realidad que muchos expertos consideran innegable.

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