URT radicó demanda para restituir más de 1.000 hectáreas a 3.000 indígenas en Urabá
Las 10 comunidades de El Volao han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono.
Foto: cortesía URT.
Urabá antioqueño
Abogados de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, radicaron una demanda que busca restablecer los derechos territoriales de 3.080 indígenas que integran 976 familias del Resguardo Indígena de El Volao, perteneciente al pueblo ancestral Zenú, comunidad víctima del conflicto armado durante más de 30 años en la región de Urabá, en Antioquia.
La demanda pretende la restitución de 1.019 hectáreas, ubicadas entre los municipios de Necoclí y Arboletes y medidas que garanticen la restauración de los daños sufridos por la violencia.
El director territorial de la URT en Apartadó, José Alberto Kunzell, indicó que uno de sus principales objetivos es que la comunidad sea reconocida como víctima del conflicto.
“Estamos en un ejercicio de socialización del informe de caracterización y de las pretensiones de la demanda étnico-territorial. Con esta demanda buscamos que los jueces reconozcan la reparación integral a esta comunidad como víctima del conflicto. Asimismo, que esa sentencia reconozca la formalización del territorio y reconozca los derechos territoriales de la comunidad”.
Según explicó la URT, el asesinato en 1995 de José Elías Suárez, gobernador del cabildo mayor, por parte del Ejército Popular de Liberación EPL, llevó a la comunidad a salir de sus casas y a dormir reunidos en el monte, por temor a que se cometieran más asesinatos en contra de sus líderes por parte del Epl, grupos paramilitares y otros grupos armados presentes en la zona. Las 10 comunidades de EL Volao han sufrido reclutamiento forzado, masacres, asesinatos a líderes, desapariciones, desplazamientos masivos, confinamiento, despojo y abandono.
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Finalmente, si la comunidad es reconocida como víctima se llevará a cabo una estrategia para la prevención del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; medidas de protección individuales y colectivas en favor de la comunidad, especialmente de los líderes y autoridades; y la concertación de un plan integral para la búsqueda de líderes desaparecidos.
