¿Por qué llamar hoy gestores de paz a quienes han sido gestores de guerra?: Defensora

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional designar como ‘gestores de paz’ a 18 exjefes paramilitares de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Para la defensora la paz no puede construirse teniendo como base el desconocimiento de los derechos de las víctimas, en “consecuencia, cabe exigir que quienes se desmovilizaron y sometieron a procesos de justicia transicional asuman las consecuencias penales y de todo orden por su incumplimiento”

Por ello, expresó una seria de dudas frente a la designación de los ahora gestores, de quienes resaltó, que “no son ni pueden ser vistos como referentes morales”.

“¿Por qué esta vez sí podemos confiar en que van a contribuir a la paz si en el pasado no lo han hecho? ¿Por qué llamar hoy ‘gestores de paz’ a quienes han sido gestores de guerra y hoy están privados de la libertad después de haber reincidido? ¿Qué mensaje les enviamos hoy a quienes están cometiendo delitos de gravedad comparables a los que ellos cometieron en el pasado?”, se preguntó la Defensora.

Peticiones de la Defensora al Gobierno para “evitar que estas gestorías de paz sean usadas para posibles reincidencias”:

1. La Resolución señala que el reconocimiento como gestores de paz no modifica su situación jurídica ni su régimen de libertad y tampoco conlleva beneficios judiciales. Esto es importante, pues la prevalencia de la justicia y las garantías de no repetición se reflejan en el cumplimiento de las penas por las que se encuentran privados de la libertad. Es esencial que una decisión del Gobierno no deshaga lo que la justicia ha logrado.

2. Sería conveniente que la gestoría se desarrolle con base en un plan de trabajo muy preciso y público, que pueda ser objeto de monitoreo, para evitar cualquier riesgo que desvíe la labor que se les solicita.

3. Las designaciones deben incluir un compromiso claro con la verdad, la justicia y la reparación hacia las víctimas. Los gestores de paz deben reconocer públicamente su responsabilidad en condiciones en que no sean puestos simbólicamente en la posición de que están “ayudando”, sino en la de responsables que hoy se encuentran bajo estricta supervisión judicial: con la cabeza gacha ante la justicia y ante las víctimas.