Justicia

NSO asegura que sí hubo un contrato con Colombia para la compra de Pegasus

Expertos aseguran que, de ser así, Pegasus sería una inversión ineficiente debido a su elevado costo

El conocido software espía israelí 'Pegasus'. Cortesía: Getty Images.

El conocido software espía israelí 'Pegasus'. Cortesía: Getty Images.

Bogotá

La empresa NSO Group, dueña del software espía Pegasus, aseguró que si hubo un negocio entre la empresa y el gobierno colombiano.

“NSO is a law-abiding company. As such, all transactions were done according to the law and with proper authorization and documentation in both countries. Any other claim is inaccurate and does not reflect reality”, dice el comunicado.

En español: “NSO es una empresa que respeta las leyes. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la debida autorización y documentación en ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad”.

Una noticia que se conoce luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que denunció que la firma incurrió en el delito de lavado de activos ya que el negocio dado, presuntamente, en el gobierno del presidente Iván Duque, habría sido en efectivo y se habría tratado 5 millones de dólares.

¿Qué dicen los expertos?

En declaraciones para Caracol Radio, Manfred Grauthoff, asesor y consultor de seguridad nacional, hizo advertencias sobre este tema, asegurando que el mandatario Gustavo Petro habría violado normas establecidas por la ley de inteligencia colombiana, lo que ha tenido consecuencias.

Uno de los puntos que mencionó Grauthoff fue la expulsión de Colombia de la comisión internacional encargada de la lucha contra el terrorismo y el lavado de activos, como parte de la Convención de Palermo, tras la revelación de datos que debían permanecer reservados.

Esto, según el experto, afecta la capacidad de Colombia para coordinar esfuerzos globales en la lucha contra el crimen organizado.

El consultor concluyó que la adquisición del software Pegasus sería una inversión ineficiente debido a su elevado costo y que hasta la fecha no hay pruebas concluyentes de que el gobierno haya realizado tal compra.

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