Justicia

Cae red de tráfico de migrantes: estaba conformada por funcionarios de la Registraduría

Este grupo operaba en los departamentos del Cesar, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca, Atlántico, Sucre y Bogotá.

Registraduría Nacional del Estado Civil

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JUSTICIA

La Fiscalía imputó a 10 integrantes de una  red de tráfico de personas conocida como ‘Granada’, los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, acceso abusivo a un sistema informático y obtención de documento público falso.

De acuerdo con el ente investigador, ‘Granada’ tenía como eje de operaciones en Valledupar (Cesar), y se extendía a Bogotá, Pereira, la Virginia Pasto, Cali, Barranquilla y Sincelejo y era operado por funcionarios de la Registraduría de Colombia.

Al parecer, por cifras que oscilaban entre los 3.000 y 5.000 dólares, facilitaba el ingreso al país de migrantes de diferentes nacionalidades, y les proporcionaba transporte, alojamiento y alimentación.

Simultáneamente, les gestiona documentación como actas de bautismo, registros civiles, cédulas de ciudadanía, de tal manera que los extranjeros adquirían la fachada de ciudadanos colombianos y podían solicitar el pasaporte, visas a Estados Unidos y se movían sin mayores restricciones en su propósito de instalarse en Norteamérica o Europa.

Entre los principales responsables están el registrador municipal de La Paz (Cesar), Oswald Morales López; y otros funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, identificados como Rodrigo Alberto Duque Beltrán, Liliana Judith Maury Rojas y Leonel Agudelo Restrepo.

Asimismo, están Jorge Iván Ramírez Mosquera, alias Granada, presunto cabecilla; Patricia López Gutiérrez, Álvaro José García Pacheco, Fakerson Gutiérrez Pérez, Franckin de Jesús Suárez Amaya y el ciudadano dominicano Jorge Aníbal Duluc Gaslin, quien sería el encargado de contactar a otros extranjeros para ofrecerles los servicios ilícitos.

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario por orden de un juez de la República.

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