Analdex considera “inconstitucional” decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel
Javier Díaz, presidente Ejecutivo de Analdex, señaló que “el decreto se va a caer”.
Cortesía - Analdex
Mucha controversia ha generado el decreto del Gobierno Nacional que prohíbe la exportación de carbón hacia Israel, uno en levantar su voz fue Javier Díaz, presidente Ejecutivo de Analdex, quien señaló que el Gobierno debe cobijarse a los lineamientos que el Congreso de la República definió en ley marco de comercio exterior.
El dirigente gremial advirtió que este decreto “inconstitucional”, además, Díaz, indicó que el ejecutivo tiene facultades de intervenir con aranceles, por ejemplo, pero de acuerdos a coyuntura comerciales y no morales.
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“Lo que está invocando el Gobierno para cerrar las exportaciones de carbón a Israel no son consideración de tipo comercial, son conspiraciones de tipo moral, que no están previstas en las facultades de la ley marco y, por lo tanto, están en reserva para el congreso de la República”, dijo Díaz.
El presidente Ejecutivo de Analdex también señaló que “el decreto se va a caer”, aunque ya creó incertidumbre en el sector de exportación del país.
Por otro lado, el dirigente gremial se preguntó por qué la medida no se toma con países como Venezuela, Nicaragua o Cuba donde hay represión.
Analdex también cuestiona que cada dos años en Colombia se haga una reforma tributaria generando incertidumbre.
Costa Caribe la más golpeada por decreto
Durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores organizado por Analdex en Barranquilla, la procuradora Margarita Cabello reincidió en la inconveniencia del decreto y en los reparos del impedimento de las exportaciones, las cuales representan 650 mil millones de pesos anuales en regalías, impuestos y contribuciones, que benefician especialmente a La Guajira y Cesar, departamentos que dejarían de recibir 100 mil millones de pesos.
“La prohibición de exportación no garantiza la seguridad nacional, la soberanía alimentaria, ni garantiza la protección de la industria y del mercado. ¿Cómo se van a compensar estas pérdidas de ingresos para el Estado colombiano cuando todos sabemos la situación económica en la que nos encontramos?”, indicó la procuradora.
Sobre este panorama, la Procuraduría envío sus comentarios al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, precisando que, si bien el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía en aras del bien común supremo, la medida no es idónea ni proporcional para lograr dicho fin.
