ONU insta a Colombia reforzar protección de Derechos Humanos en el sector empresarial

El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU ha llamado con urgencia al gobierno colombiano y a las empresas a intensificar sus esfuerzos para proteger los derechos humanos en un entorno empresarial caracterizado por problemas estructurales persistentes. Aunque reconocen el compromiso de Colombia con los Principios Rectores de la ONU, las expertas señalaron la prevalencia de violaciones de derechos humanos, exacerbadas por la continuidad del conflicto armado y la presión por acelerar la transición energética.

Durante su visita, las expertas hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno priorice la implementación de leyes y políticas robustas para proteger tanto a las personas como al medio ambiente. En este contexto, subrayaron los desafíos específicos que enfrentan los trabajadores y los sindicatos en el país. La informalidad laboral, particularmente en sectores como la minería y el turismo sexual, ha dejado a muchos trabajadores sin protección social ni derechos laborales básicos, lo que aumenta su vulnerabilidad.

El informe de la ONU destaca que los trabajadores migrantes, especialmente los provenientes de Venezuela, son particularmente susceptibles a la explotación y la discriminación en el lugar de trabajo. Las expertas señalaron que las mujeres y los jóvenes migrantes enfrentan un riesgo aún mayor de abuso y explotación. En la región minera de Buriticá, se documentaron casos preocupantes de trabajo infantil y forzoso, que ilustran la gravedad del problema.

Además, el Grupo de Trabajo expresó su profunda preocupación por la criminalización y persecución violenta de líderes sindicales, especialmente de mujeres, que ejercen su derecho a la libertad de asociación. Las expertas resaltaron que la falta de un estatuto laboral nacional que garantice la contratación justa y el respeto a los derechos de sindicalización y huelga contribuye a la precarización de los trabajadores y mina las negociaciones colectivas.

En cuanto a la responsabilidad empresarial, las expertas observaron con inquietud la ausencia de obligaciones legales claras para que las empresas realicen procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos, especialmente en zonas de conflicto. Aunque se reconocen avances en algunas grandes empresas, la disparidad entre estas y las pequeñas y medianas empresas, especialmente en regiones alejadas de la capital, es significativa.

“Colombia necesita avanzar hacia una transición justa que respete y proteja los derechos humanos, con especial atención a los grupos más vulnerables, incluidos los trabajadores sindicalizados,” subrayaron las expertas. Asimismo, instaron al gobierno a fortalecer el diálogo social y garantizar que todos los actores puedan participar en la construcción de una paz duradera en el país.

El Grupo de Trabajo visitó varias regiones del país, incluidas Bogotá, Putumayo, La Guajira y Antioquia, y emitirá un informe completo con recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2025.