Revocan sanción de arresto contra gerente de Afinia
La decisión fue anulada en favor de la empresa por violación al debido proceso
Cinco días de arresto a representante legal de Afinia por desacatar un fallo judicial
En días pasados se hizo público una resolución judicial que imponía sanción de arresto y multa al gerente y representante legal de Afinia, filial del Grupo EPM, Jhon Jairo Granada Giraldo, en una decisión tomada en primera instancia por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de conocimiento de Valledupar, en una petición adelantada por Angélica Olarte Becerra y otros, a quien se le reconoció el derecho de petición como personas naturales y no en su calidad de contralora de dicho municipio.
Ante la sanción recibida en el trámite del incidente de desacato que recibió CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., la empresa desplegó los recursos en defensa de la empresa y el debido proceso y que estaban pendientes por responder de fondo los recursos señalados en la ley.
Contexto:
De acuerdo con esto, la sanción fue anulada en favor de la empresa por violación al debido proceso, dejando sin efecto la sanción.
Al tratarse de un derecho de petición presentado por la contralora de Valledupar, Angélica Olarte Becerra y otros, originado en marzo del presente año, en el que se solicitó información sobre el suministro de energía y la recaudación del impuesto de alumbrado público y otros aspectos de la regulación, los indicadores y temas de la empresa mixta con régimen especial, en especial una actividad en competencia, la empresa sostuvo su línea de conservar la reserva de parte de la información, lo que llevó a que la peticionaria se propusiera accionar por la misma petición diferentes acciones, jurisdicciones y juzgados, por lo que existen decisiones diferentes sobre el mismo caso.
Es así como un juez administrativo en Cartagena, Bolívar, por la misma causa resolvió previamente un recurso de insistencia interpuesto por Olarte Becerra indicando a CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P., que solo debía brindar respuesta a la información relacionada con alumbrado público, siendo la demás reservada, quedando el tema superado para los demás contralores excepto la señora Olarte Becerra, a quien se le reconocieron derechos frente a la petición pero como persona natural.
Esta decisión inicial no fue tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo del Cesar, que en estudio del mismo recurso de insistencia reconoció los derechos de petición y levantó el velo de la información de la compañía.
La empresa, con responsabilidad y compromiso, en observancia y respeto de las decisiones judiciales, dio respuesta a cada requerimiento judicial en los tiempos y oportunidades procesales pertinentes, asegurándose de cumplir el derecho de la ciudadana y recibe con preocupación que, pese a la entrega de toda la información, esta insiste en las sanciones para el representante legal, lo cual solicita como contralora dentro del mismo expediente.
Hoy la empresa está adelantando lo necesario para lograr una línea frente al tema y la garantía de debido proceso para todas las partes.
La empresa de energía hace un llamado urgente a las entidades del Estado y actores que conforman sus grupos de interés, para sumarse a un diálogo y generar espacios de conversación en búsqueda de la generación de colaboración armónica que requiere la región Caribe para minimizar la conflictividad presentada en relación con la prestación de los servicios públicos.
Adicionalmente, la empresa invita a las autoridades (contralores, autoridades administrativas y de control y representantes del Estado) a buscar espacios de acercamiento y conversación para el diálogo social, invitación adelantada por la Defensoría del Pueblo a la que Afinia se suma para gestionar un plan de trabajo común que aporte a la solución de las dificultades de la región, dado que cada uno tiene un rol en la prestación de los servicios y las políticas públicas asociadas.
