Dos uniformados de la Policía investigados por presuntos nexos con el Clan del Golfo
Las acusaciones indican que Montero, además de solicitar dinero, recibía un pago mensual que supuestamente compartía con el intendente Hernández.
Urabá, Antioquia
La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra Óscar Eduardo Hernández, intendente, y Pablo Alberto Montero Sanjuan, patrullero de la Policía Nacional en Urabá, por sus presuntos acuerdos con el grupo armado Clan del Golfo.
El Ministerio Público determinó que Hernández, aprovechando su posición, habría establecido un acuerdo con la subestructura “Carlos Vásquez” del Clan del Golfo para proporcionar información sobre la presencia y operativos de la fuerza pública en la región. A cambio de compensaciones económicas, Hernández habría acordado no perseguir ni controlar a los miembros del grupo armado. Estos actos habrían continuado hasta su captura el 22 de mayo de 2020.
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Por otro lado, el patrullero Montero también habría iniciado un pacto, a través de Hernández, para abstenerse de perseguir y obstruir las actividades delictivas del Clan del Golfo. Estos hechos ocurrieron mientras Montero se desempeñaba como secretario de la subestación de la Policía en el corregimiento de Pavarandó, municipio de Mutatá, Antioquia, desde el 10 de marzo de 2018 hasta el 1 de junio de 2019.
Las acusaciones indican que Montero, además de solicitar dinero, recibía un pago mensual que supuestamente compartía con el intendente Hernández. Estas actividades ilícitas continuaron hasta su captura el 22 de mayo de 2020, mientras ambos estaban adscritos al departamento de Policía de Urabá.