Por orden de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se realizó el cambio de fiscal en el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en donde dos familias adelantan un pleito judicial por el control de la institución universitaria y el hospital metropolitano.

Durante una diligencia judicial, la fiscal 98 adscrita a la seccional de Bogotá, Isabell Gómez, advirtió que no solo ha sido presionada con cinco denuncias en menos de tres meses “de manera recurrente y sistemática”, sino que también ha sido amenazada con arma de fuego.

Testimonio de amenaza

“Tengo cinco denuncias, que han ocurrido de julio a septiembre, en donde los acusados en este proceso me acusan me denuncian disciplinaria y penalmente de manera recurrente, y sistemática, y considero que es de manera temeraria, y está interfiriendo en el buen desarrollo de este caso. Ayer en particular ocurrió algo intimidatorio, ya a mi juicio mucho más delicado porque incluye un arma de fuego, pero eso está todavía siendo objeto de investigación, entonces una vez tenga como mayores elementos”, dijo la fiscal en medio de una de las audiencias.

Ante la situación de seguridad que vive la fiscal Gómez, la Dirección Especializada contra la Corrupción asignó desde el pasado 10 de mayo el caso a la fiscal 71, Martha Parra, quien en una reciente diligencia hizo un llamado para que se materialice la medida de aseguramiento contra el actual rector Juan José Acosta Osio, lo cual no ha ocurrido al desconocerse su paradero.

El abogado de la contraparte, Jonathan Peláez, también advirtió sobre haber recibido amenazas en su contra. La defensa también advirtió del riesgo en que se encuentran las jornadas académicas de la universidad al tener a su actual rector prófugo.

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