Consejo de Estado ordena al Gobierno nombrar inmediatamente a los comisionados de la CREG

Bogotá

El Consejo de Estado le ordenó al Gobierno Nacional, que nombre de manera inmediata a los seis comisionados de la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) en respuesta a la apelación de parte del Departamento administrativo de la Presidencia (DAPRE).

Así mismo el Contencioso Administrativo le exige en Gobierno, nombrar en propiedad a los 4 expertos, que estuvieron en medio del debate sobre la interinidad de dicha Comisión. “La deja “en firme y devuelve el expediente al Tribunal de origen (...) No más dilaciones, no más pretextos”, dicta el texto.

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Lo anterior como confirmación a la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fechada el 25 de enero de 2024. Destacando la importancia de la función regulatoria de la CREG, como un mecanismo de intervención en los servicios públicos y más ante la coyuntura hídrica y energética, que vive el país, en los primeros cinco meses del año.

Frente a la intervención por parte de la DAPRE, el Consejo de Estado la declara como una falta de legitimación, porque no es la autoridad que deba acatar ese deber como sí lo tiene que ser el mismo presidente de la República; aunque el Alto Tribunal justificó la comparecencia del DAPRE, en virtud del artículo 159 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (CPACA).

Interinidad en la CREG

Desde los primeros días del mes de marzo, la Procuraduría General advirtió sobre la interinidad en la Comisión de regulación de energía y gas, por lo que el Gobierno Nacional tomó ese llamado y anunció que agilizaría la gestión para nombrar todos los comisionados integrantes. Y es que el no tener un grupo técnico que necesita el normal funcionamiento del sector energético, es lo que para muchos ha causado la actual crisis en esa materia, en todo el territorio nacional.

Por lo que el dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es lo más oportuno y evitar muchos más inconvenientes para que el país en sí se integre al mercado eléctrico, su participación en las zonas no interconectadas, en la prestación de servicios públicos domiciliarios, en la prestación del servicio de alumbrado público y en otros usos energéticos como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad de abastecimiento.