Abogado de Keralty explica la ilegalidad que habría en la intervención a Sanitas

Este lunes, 15 de abril, Keralty, empresa que controla más del 80% de la EPS Sanitas, interpuso una demanda penal contra la Superintendencia de Salud por considerar de ilegal la intervención que se le hizo a su prestadora de salud en semanas pasadas.

Sobre esta decisión, el abogado de Keralty, Juan David Riveros, explicó en 6AM las razones que llevaron a la empresa a tomar acciones legales contra la Superintendencia, acusándola de ilegal por su actuación sobre la EPS.

De acuerdo con el abogado, son tres las motivaciones que argumentan la demanda penal, estas son:

1. Según Riveros, el funcionario que tomó la decisión, es decir, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, debió declararse impedido por las manifestaciones que hizo en el pasado en contra de la EPS Sanitas a través de sus redes sociales.
2. En una segunda instancia, la empresa de salud asegura que la motivación que argumentó la intervención a la EPS es falsa, “esta no se compadece con la realidad”, asegura el abogado.
3. Finalmente, Riveros señala que se tomaron decisiones que no están previstas en el ordenamiento jurídico. Una de ellas fue haber privado a los socios de la EPS Sanitas sobre su derecho a la propiedad que el Estado les debe proteger.

Además de esta medida, el abogado de Keralty señala que el pasado viernes, 12 de abril, también se radicó una recusación contra el Superintendente, justamente por no haberse declarado impedido a pesar de haber hecho declaraciones públicas “severas” en contra de la EPS.

“Lo que consideramos es que cuando una persona en sus redes sociales públicas hace manifestaciones en contra de quien después será su vigilado y luego toma decisiones tan severas, con desconocimiento de la normatividad vigente, está abiertamente impedido para hacerlo porque no puede actuar con objetividad, que es lo que todos los ciudadanos esperan de las autoridades”, replicó el abogado.

¿Se podrá recuperar la EPS?

Según explica Riveros, en las últimas dos semanas, Keralty se ha tomado el tiempo de estudiar de manera detalla la problemática jurídica que desencadenó la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia. En este estudio, se llegó a la conclusión de que es totalmente procedente realizar una estrategia legal que busque recuperar la administración de la prestadora de salud.

Como explicó el abogado de la Keralty, esta estrategia jurídica, que comienza con la demanda penal, se realiza en la medida en que: “consideramos que la medida es abiertamente ilegal y está por fuera de cualquier consideración que pueda hacerse desde el ordenamiento jurídico”.

En este mismo sentido, otra acción que se tomó para acelerar la recuperación de la administración de la EPS fue haberle solicitado a la Fiscalía que convoque, a penas encuentre que la decisión no fue bien sustentada, al juez de Control de Garantías para que se haga una audiencia de restablecimiento el derecho.

Según Riveros, la idea es que: “ese juez, ojalá, suspendiera el acto administrativo para que cesen las consecuencias del acto ilegal”, que sería la intervención de la EPS.

Sanitas no ha dejado de pagarle a la red de prestadores

Una de las razones por la que la Superintendencia argumentó la intervención a Sanitas fue el no cumplimiento de la habilitación financiera. Según indicó en su momento Luis Carlos Leal, el superintendente de Salud, las deudas de la EPS con los prestadores de servicios cerraron con corte a diciembre en $2 billones de pesos.

Sin embargo, sobre ello, Riveros rechaza tales acusaciones, asegurado que la EPS Sanitas actualmente tiene reservas invertidas por $800.000 millones de pesos y que no ha dejado de pagarles a los prestadores de salud. “Esto quiere decir que la EPS no se está apalancando en la red, sino que está cumpliendo con los pagos con la red para garantizar la prestación de los servicios de salud de sus usuarios”, concluyó el abogado.

Por ahora, se espera conocer pronto la respuesta y acción que venga tanto del proceso de recusación contra el Superintendente de Salud, como de la demanda penal que se interpuso contra la entidad en general.