La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas pide al Gobierno un fondo para garantizar pago de deudas de Sanitas y Nueva EPS, intervenidas por la Superintendencia de Salud.

Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) sostuvo que el Gobierno debe garantizar un debido proceso e intervenciones basadas en indicadores negativos y no en medidas arbitrarias.

El vocero de los hospitales y clínicas del país solicitó al Gobierno informar al país debidamente sobre lo que está por suceder con las intervenciones. Además, pidió que se establezca como medida un fondo de garantías para que la eventual liquidación de estas EPS no afecte a IPS, hospitales y clínicas.

“Un buena administración pública debe aplicar los procedimientos que están establecidos de una manera simétrica, de acuerdo a los hallazgos que se van encontrando. Esperamos que sea un proceso muy transparente y se le informe al país lo que se va a hacer”, dijo el directivo.

Giraldo señaló que el sector tiene “temores” por las medidas adoptadas sin argumentos de fondo y sin un respaldo económico.

“Sin esa herramienta no creo que el Gobierno pueda avanzar de manera adecuada porque entonces lo que haría es trasladar la crisis desde el sector de las EPS, al sector de los prestadores de salud, que somos los que tenemos funcionando esto en el día a día”, manifestó.

Sectores médicos se pronuncian

En el Atlántico se siguen conociendo reacciones tras las intervenciones del Gobierno nacional a Sanitas y Nueva EPS.

Desde el sector privado, el director del hospital Universidad del Norte, Diego Castresana, dijo que es preocupante la intervención de las EPS, teniendo en cuenta que no se están analizando los problemas de fondo de la prestación del servicio, y tampoco se han presentado proyectos de reforma que respondan a lo que revelan los indicadores de los estudios técnicos. Además, dijo que sí habrá afectación de los usuarios.

“También hay que entender del lado de los prestadores, que ya tenemos unas carteras increíblemente altas y unos giros de caja de hasta 250 días, en los que nos estamos viendo perjudicados. Unas tarifas que no aumentan, en comparación con lo que sí suben los costos de prestación de servicio, porque los proveedores incrementa cada año el valor de los medicamentos e insumos que nos venden”, precisó.

El infectólogo Jesús Tapia, dijo estar preocupado por la gran cantidad de personas que se encuentran afiliadas a las EPS y el riesgo que podría tener la atención de salud de sus usuarios.

Indicó que esperan que se cumpla lo dicho por el Gobierno, sobre las garantías que tendrán los afiliados para no tener traumatismos en la atención. Sin embargo, dijo que el Gobierno toma medidas que están generando incertidumbre en todo el sector.

A su turno, el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, Juan Isaac Llanos, señaló que espera que la decisión se haya tomado con suficientes argumentos y no por política.

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