Piden suspender contratos tecnológicos entregados ‘a dedo’ por el SENA

La acción popular insta a la suspensión del proceso que contrata internet y otros servicios tecnológicos para las sedes de la entidad, y que se realice una convocatoria inmediata a un proceso licitatorio en los términos de la Ley 80, destinada a realizar la selección objetiva de los proveedores de los bienes y servicios que fueron contratados mediante los contratos de los que se solicita la suspensión.

El comienzo de esta historia se remonta a enero del año pasado, cuando el SENA abrió el concurso, como lo contó la revista Cambio, con un valor de $1,1 billones de pesos. Desde 2014 este contrato de tecnología estaba quedando en manos de Telefónica Movistar, que en esta ocasión se presentó junto a Indra Colombia en la Unión Temporal Sena 2.0.

Después de las miles de observaciones recibidas, alertando del riesgo de dejar el contrato en manos del mismo operador, pero sobre todo después de los trinos del presidente Gustavo Petro ordenando prohibir las “licitaciones dirigidas a un proponente” declarándolas desiertas, el SENA decidió revocar el acto de apertura de esta multimillonaria licitación.

El SENA para evitar que sus sedes se quedaran sin internet, declaró una urgencia manifiesta prorrogando por seis meses la operación de Telefónica Movistar. Ese plazo se vence este 28 de marzo.

Mientras tanto, el director de le entidad, Jorge Eduardo Londoño, decidió cortar por pedazos el contrato y entregarlo de forma directa.

Esto, que denunció Paola Herrera en Cambio, incluye varios contratos por más de $50 mil millones de pesos que se entregaron de forma directa, sin ningún tipo de competencia o de pluralidad de oferentes.

Como respuesta a estos hechos, en las últimas horas se radicó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la acción popular que pide que se suspendan los contratos que el SENA ha ido adjudicando. Piden suspender de forma “inmediata todos los contratos que han sido celebrados con motivo de la revocatoria del proceso licitatorio No. LP-DG-0001-2023″. Y luego enumeran las órdenes de compra y los contratos que, según el demandante, deben suspenderse.

Se trata de 9 contratos, varios de ellos por valores que superan, de forma individual, los $20 mil millones de pesos.

Entre ellos, se encuentran el acuerdo para la operación secundaria NUBE PÚBLICA V04, con Orden de Compra 123244, y por un valor de $99 mil millones. El acuerdo por instrumento de agregación de demanda de Colombia Compra Eficiente, con Orden de Compra No. 122759 y por $49 mil millones; fue el que le entregaron, según contó Cambio, a la empresa Internexa, que es mayoritariamente del Estado, por $65.381 millones.

En total, los contratos que pide suspender la acción popular suman más de $200 mil millones de pesos. Acá, en estos contratos, está en juego la capacitación de más de 500 mil estudiantes del SENA.

La acción popular pide proteger a los derechos colectivos, la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el derecho a la libre competencia económica.

Al final del documento ya radicado ante el tribunal, el demandante advierte que “con cada mes de ejecución de estos contratos, se está generando una afectación mensual de los recursos del orden de $17.225.822.454,03″.