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Defensoría conoció denuncias de amenazas contra alcalde de Toledo, Antioquia

La entidad estuvo en el territorio y escuchó la solicitud de los alcaldes de Toledo, Ituango y San Andrés de Cuerquia que piden acompañamiento del gobierno nacional ante la actual situación de seguridad.

Toledo Antioquia- foto archivo Caracol Radio

Toledo Antioquia- foto archivo Caracol Radio

Antioquia

La Defensoría del Pueblo estuvo en algunas poblaciones del Norte de Antioquia conociendo las diferentes situaciones de violación a los derechos humanos denunciadas por la comunidad y pudo evidenciar que son reales, como las reuniones citadas por ilegales en Toledo entre otras tantas.

Precisamente en esa población, el alcalde Johny Marín le informó a las autoridades, entre ellas la Defensoría, que había sido víctima de nuevas amenazas por parte de ilegales, aún sin detallar qué tipo de estructura armaba.

“Nos enteramos de las nuevas amenazas que obtiene el alcalde del municipio de Toledo, que inclusive nos pidió que le ayudáramos ante la Unidad Nacional de Protección para que se le restablezca nuevamente su esquema de seguridad. Recordemos que hace un año y medio él recibió un atentado y ahora el ser alcalde en estos municipios tan lejanos del territorio de Antioquia, pues una vez alzan la voz para pedir no más violencia, pues son llamados y amenazados”, contó la señora defensora regional Yucely Rincón.

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Los alcaldes de Toledo, San Andrés de Cuerquia e Ituango le solicitaron a las autoridades un acompañamiento permanente ante los recientes hechos violentos para evitar que se siga vulnerando a la población civil.

“Donde nos reunimos con autoridades civiles y militares y escuchamos afanosamente su solicitud de acompañamiento por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno departamental para que los acompañe debido a los últimos actos que ha habido, como el hecho del grupo al margen de la ley que permanece en la zona donde ya está citando a los jóvenes mayores de 14 años donde les dicen cómo comportarse y esto es grave porque esto es un delito”.

La funcionaria recordó que el reclutamiento en la subregión del Norte sigue aumentando. El año pasado se formalizaron ocho casos de reclutamiento forzado de menores que fueron desvinculados y les han activado la ruta por parte del Ejército Nacional. Por parte defensoría certificó cinco casos, recalca que el subregistro es casi del 300%.

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