Amelia Pérez Parra sale de la terna a Fiscal General: esta es su trayectoria judicial

Este martes 12 de marzo, Amelia Pérez, una de las ternadas por el presidente Gustavo Petro para el cargo a Fiscal General de la Nación, presentó su renuncia de carácter irrevocable a la postulación ante la Corte Suprema de Justicia.

Pérez acudió presencialmente a las instalaciones del Palacio de Justicia, poco antes del inicio de la sala extraordinaria convocada para hoy por la Corte Suprema para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación.

De las tres juristas, Amelia Pérez Parra, figuraba como la más opcionada para ser la cabeza del ente acusador, pero el proceso se vio frustrado tras la polémica que generaron trinos del pasado de la cuenta de X de su esposo, el también abogado Gregorio Oviedo, donde dejaba en firme ser un defensor tanto del presidente Gustavo Petro como de su hijo Nicolás Petro.

Aquí le contamos la trayectoria judicial de Pérez Parra que la terminaron llevando al exilio en Canadá, en 2003. Además, su supuesta cercanía con uno de los ministros del presidente Gustavo Petro.

El trasegar laboral de Pérez

Pérez Parra es abogada de la Universidad Libre de Colombia, y especialista en Criminología y Derecho Penal del Externado. De acuerdo con su hoja de vida, fue contratista en la Alcaldía de Gustavo Petro, desde el 2012 al 2015, trabajando en áreas como convivencia y seguridad Ciudadana, así como en derechos humanos.

La candidata también tiene experiencia al interior de la Fiscalía, donde acumula casi 12 años de carrera. Uno de los cargos más destacados en la entidad fue como fiscal Especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (1995-2002 Bogotá).

Pérez también forjó una larga carrera en la rama judicial. Desde 1987 hasta 2003 ocupó varios cargos como juez de instrucción criminal, pasando por fiscal seccional y fiscal regional.

En el país, el último cargo que desempeñó fue como fiscal de la Unidad Especializada de Antiterrorismo donde investigó el atentado al Club El Nogal ocurrido en febrero de 2003. Luego de esto, tuvo que irse como exiliada a Canadá por amenazas que recibió por parte de grupos armados paramilitares, según señaló el portal de Indepaz.

Su esposo, un viejo colega del ministro Velásquez

Pérez es esposa del también abogado Gregorio Oviedo, quien trabajó en la Fiscalía de Antioquia con el hoy ministro de Defensa Iván Velásquez.

Esta cercanía comenzó en la década de los noventa, cuando Velásquez, quien hasta ese momento era magistrado auxiliar del Consejo de Estado, llegó como director regional de la Fiscalía en Medellín y Oviedo a la dirección del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

Juntos lograron el operativo ‘Parqueadero Padilla’ en 1997, un allanamiento que permitió dar con el entramado financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), comandadas por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso.

En su trasegar laboral, Pérez también ha tenido vínculos con importantes funcionarios de la rama judicial como el exjefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Virgilio Hernández; y el actual magistrado de la JEP, Pedro Díaz, quien también fue apartado de la Unidad por orden del exfiscal Luis Camilo Osorio.

Casos judiciales destacados

La abogada Pérez ha sido ampliamente reconocida por investigar hechos de violación de derechos humanos, sobre todo aquellos hechos cometidos por parte de grupos armados paramilitares.

Estuvo al frente de indagaciones importantes como lo fueron las masacres en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar, en Valle del Cauca, entre 1986 y 1994, en lo que fue una alianza entre paramilitares y miembros del estado.

La masacre del Aro de 1997, perpetrada en el corregimiento de Ituango, Antioquia, que dejó 17 personas fallecidas, las cuales eran supuestos colaboradores de grupos guerrilleros, fue otra de las investigaciones más importantes que realizó Pérez. Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por omisión y participación en la misma.

Sin embargo, a raíz de estas indagaciones, la abogada y su equipo recibieron amenazas por parte de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, razón por la que la CIDH les brindó medidas cautelares.

Su caso más relevante fue el del atentado al Club el Nogal en el 2003, sin embargo, tuvo varios enfrentamientos con el fiscal ternado por Andrés Pastrana, Luis Camilo Osorio, quien la acusó de llevar el caso de manera irregular y le retiró su esquema de seguridad.

Fue por esto y por las amenazas de los jefes paramilitares que en ese mismo año se fue exiliada para Canadá junto con su familia, no obstante, actualmente vive en Colombia y en el 2020 su testimonio fue recibido por la Comisión de la Verdad en Calidad de exiliada por el conflicto.

La promesa de Pérez sí llega a la Fiscalía

La bandera de la jurista será priorizar los casos por violencia de género, afectaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Además, renovar el acceso de la ciudadanía a un portal de denuncias propio de la Fiscalía y una reestructuración a las Unidades de Reacción Inmediata.

“Me propongo, como principio serio de solución a la inseguridad o una notable reducción, fortalecer las unidades de reacción inmediata tanto en recurso humano, fiscales, investigadores judiciales y en recursos técnicos y científicos. Las URI son la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia y su primera interlocutora”.