Los riesgos que representa el decreto de liquidación del Presupuesto

En Hora20 el análisis a un tema que intentaremos desmenuzar, la polémica que se ha generado en el país por cuenta de un decreto del gobierno que reglamenta el presupuesto para el 2024 y que habría dejado 108 proyectos sin asignación específica y cerca de $13 billones de pesos en el aire. También el debate a las implicaciones para la economía, la infraestructura y la confianza inversionista. Después mirar el panorama de inseguridad en Bogotá y las posibles salidas en un escenario de violencia urbana.

A los problemas de ejecución presupuestal y caída en la inversión, se suma ahora la incertidumbre por lo que pueda ocurrir con $13 billones del Presupuesto General de la Nación 2024, los cuales quedaron bajo una partida global. Según una publicación de Portafolio, en el decreto de liquidación del presupuesto emitido el 29 de diciembre, que para efectos prácticos es la reglamentación de la ley de presupuesto y la hoja de ruta para el gasto, el Gobierno no habría establecido la destinación específica de 108 proyectos de infraestructura y educación, lo cual sumaría $13 billones de pesos, una movida que sería contraria a lo que establece la ley, pues este decreto debería dejar explícito en qué se van a gastar los recursos bajo alto nivel de detalle.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla ha explicado que no haber definido el gasto en estos rubros obedece a una estrategia del presidente Petro que consiste en examinar qué tan avanzadas están estas obras y así poder definir prioridades en el gasto, lo cual implicaría de entrada renegociar vigencias futuras, que son los dineros comprometidos para las grandes obras y que se van pagando año a año, según los compromisos entre la nación, las concesiones y las regiones. Al no contar con destinación específica, son muchos los proyectos que se verían afectados, paralizados o simplemente sin la entrada de recursos: 65 de Invías, 24 de la ANI, 11 del Ministerio de Hacienda y otros en educación. El metro de Bogotá, el regiotram, el Túnel de Toyo en Antioquia, la Conexión Alta Guajira, la Transversal del Catatumbo y los Caminos Comunitarios para la Paz, serían proyectos que se podrían ver afectados.

Ante la falta de recursos para proyectos y lo que pueda ocurrir con los $13 billones de pesos son varias las alternativas para superar los vacíos técnicos y jurídicos. El camino más drástico es que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto y se llegue a dejar sin piso el Presupuesto aprobado en 2024, lo cual generaría graves problemas en términos de pagos de nóminas, deuda e inversión. De otro lado, se plantea una adición presupuestal que reglamente los rubros y sus montos en el Congreso y, por último, un decreto de yerros, aunque expertos consideran que lo ocurrido no es un error.

Lo que dicen los panelistas

Cecilia López, exministra de Agricultura, exdirectora de Planeación Nacional, columnista y exsenadora, manifestó que quienes están en el Gobierno desconocen cómo funciona el propio gobierno, “el presupuesto se empieza a armar en marzo, el ministro del área organiza lo que necesita, se envía a Planeación y de ahí a Hacienda”, y se preguntó, “¿Cómo así que el Presidente se da cuenta cuando hay una ley y solo falta el decreto final?” De otro lado, manifestó que los irresponsables son los ministros que él nombró y en los que él confía, aunque aseguró que la máxima responsabilidad es del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Explicó que las vigencias futuras es mecanismo que permite estabilidad jurídica cuando hay gran inversión, se atrae inversión extranjera y grandes cantidades de recursos, “no entiendo como un ministro se atreve a decir lo que dice Bonilla”, pues manifestó que esto no es una tienda, “esto es un país que tiene reglas de juego establecidas y nadie por mucho que sea ministro o presidente puede violarlas”.

Para Rodrigo Torres, periodista y director de Valor Analitik, en el gobierno falta rigurosidad técnica, “trabajé con Claudia Marcela Numa y el tema técnico era la prioridad y los cálculos del presupuesto era por meses”, además, recordó cómo hemos visto cosas en otras entidades del Gobierno como lo ocurrido con la exministra Vélez que no conocía el sector. También denunció que este miércoles hubo una reunión importante en el Ministerio de Hacienda, “no dejaron entrar a varios periodistas y no hubo acceso a la calle cercana al Ministerio. Eso es muy preocupante”.

De otro lado, destacó que ya hay unas reuniones entre Presidencia, Ministerio de Hacienda y Planeación buscando la forma de corregir el camino.

Nicolás García, exgobernador de Cundinamarca, resaltó lo que ocurre con el Presupuesto General es un asunto de seguridad jurídica, “los gremios ven alerta sobre la financiación de los proyectos y ante el Consejo de Estado llegará el decreto para que se declare su nulidad”. También dijo que la ley establece una obligatoriedad para detallar todos los rubros de inversión., “hay meses y años de trabajo de estructuración de proyectos para que se aprueben vigencias futuras, muchos de esos proyectos son de interés estratégico nacional”.

También comentó que hay muchas preocupaciones que se generan, “el decreto debe ser modificado, pero estamos hablando de nuevos interrogantes frente a lo que se genera en temas como, por ejemplo, licencia ambiental para el regiotram”. El exgobernador llegó a plantear que lo ocurrido corresponde a una decisión política, “lo que uno percibe con los cambios es que va a llegar una persona que da visto bueno a los decretos como se quiere que salgan. La doctora Numa es de gran rectitud, tiene talante técnico y hace respetar los tiempos”.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, señaló en entrevista que lo que ocurre en materia presupuestal es grave, “es un problema serio porque no solo muestra un error, sino que pone al Ejecutivo por encima del Congreso y no se respeta lo aprobado en el PGN 2024″, incluso dijo que lo ocurrido es un pésimo precedente para el país, “el Congreso debe afrontar esto desde un punto jurídico, debe defender su independencia y la función que cumple”. Detalló que no se pueden autorizar partidas globales, pues recordó que eso está prohibido y la Corte ha sido tajante en ese tema.

Sobre las vigencias futuras explicó que es un tema delicado al ser un mecanismo establecido en el manejo presupuestal para asignar recursos por más de una vigencia, “el gobierno ha asumido compromisos y hay contratos respaldados con esas vigencias”, detalló.

Por último, dijo que las cosas se deshacen tal y cómo se hacen, “el error se corrige con otro decreto. Los yerros hacen referencia a errores menores como una cifra o algo repetido, pero acá toca cambiar por completo las formas del decreto”.

En el tema de seguridad, el experto y exsecretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero, explicó que el fenómeno de robos en establecimientos comerciales obedece a que los delincuentes encuentran mercancías como celulares, joyas, billeteras y recursos que se llevan rápido, “hay estructuras que hacen inteligencia y se organizan para hacer ese tipo de operativos”, con lo cual, detalló que la investigación criminal debe actuar para detener y judicializar y prevenir este tipo de hechos que ocurren en la ciudad, “ellos hacen un trabajo previo para saber a qué hora pueden ingresar y determinar que no va a haber reacción”.

También planteó ideas como tener una Policía más cercana a los establecimientos, aumentar las rondas, reforzar la presencia y tener botones de pánico en los comercios para que se activen cuando se presenta un hurto, esto con la finalidad de que la Policía llegue en los 2 o 3 minutos siguientes a la activación de la alarma.