Demandan restitución por cerca de siete mil hectáreas en favor de comunidades indigenas
La Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia lidera el proceso en el suroeste.
Urrao
Antioquia
La Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia radicó en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Antioquia, la demanda de restitución a favor del Resguardo Indígena Majoré – Amburá, del pueblo Emberá Eyábida, ubicado en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia
“En este caso estamos hablando de unas comunidades que ya se encuentran asentadas en el territorio, pero que no han sido restituidas, ni restablecidas en su proceso de relacionamiento pleno con el mismo, en cuanto al disfrute de acuerdo con sus usos y costumbres. Ello porque recordemos que esta comunidad ha sufrido grandes hechos victimizantes como lo fueron los desplazamientos masivos en el año 2007, en el año 2015, en el año 2020. Hay agregar que en primer lugar estos son territorios que se encuentran afectados o digamos los cobijados por el marco de la ley segunda, lo que limita en amplia medida su proceso de explotación. Y lo que se busca a partir de esto es generar unos procesos de conservación medioambiental”, detalló César Londoño, director Regional Antioquía Unidad de Restitución de Tierra.
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La URT solicitó al Juzgado Primero reconocer que el conflicto armado generó un conjunto de afectaciones sociales, económicas, culturales y medioambientales a este pueblo indígena que no les ha permitido gozar a plenitud de su territorio según sus usos, costumbres y autonomía y que, para su reparación integral, se requiere ordenar un abanico de medidas tendientes a proteger la relación intrínseca entre tierra, naturaleza e identidad cultural propia de las comunidades indígenas.
De igual forma, se busca que este Juzgado tome decisiones de fondo sobre la presencia de colonos campesinos que habitan al interior del Resguardo, algunos de los cuales están allí desde el momento en que el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras) tituló el territorio colectivo en 1996, mientras otros llegaron años después.
