A propósito de las polémicas que se han venido presentando por la licitación del proyecto, Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba y Engativá, la administración de la alcaldesa, Claudia López, ha decidido hacer caso omiso a la solicitud por parte de la Procuraduría y el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, de frenar el proceso de elección del contratista por presuntas irregularidades.

Este jueves, 21 de diciembre, el Distrito emitió el decreto 612, de 2023, en el cual se establece la estructuración del proyecto y la continuación del proceso licitatorio. Este documento será firmado en los próximos días por la alcaldesa, quien recientemente respondió que se va a hacer tanto la ALO para carga, como la ciudadela en Suba.

¿Qué dijo la Procuraduría sobre el proyecto Ciudadela Educativa y del Cuidado?

Es importante recordar que el ente de control instó al Distrito a frenar el proceso de selección del contratista, por presuntas irregularidades. Según lo advirtió, “existe, por parte de la entidad, una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe, rectores de la etapa precontractual”.

De igual forma, cuestionó “las variaciones injustificadas y súbitas, el incumplimiento de los términos de referencia y de las pautas del manual de contratación que podrían derivar en eventos violatorios de los principios de transparencia, economía, buena fe, legalidad y vulneración al deber de planeación”.

La Procuraduría reiteró en el llamado de frenar el proceso de selección “ya que se pone en riesgo el patrimonio de la Nación pues es un contrato que asciende a los $ 370.419.000.000″.

Estas recomendaciones y observaciones fueron apoyadas por el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, quien le solicitó a la alcaldesa López seguir las indicaciones del Ministerio público.

Además de los argumentos que se han presentado para no continuar con el proceso, recientemente se conoció que la Empresa de renovación urbana de Bogotá (Renobo) tiene una demanda en el tribual de la Cámara de Comercio contra la constructora, Las Galias, única proponente en el proyecto; en la que el Distrito reclama $49 mil millones a la empresa.

Esta acción legal se dio, luego de que la constructora no adelantó el pago de algunos predios del proyecto Ciudadela San Bernardo. Frente a esto, expertos han cuestionado la capacidad del concursante de llevar a cabo la mega obra con todas las garantías técnicas.