Levantaron medidas que suspendían la privatización del alumbrado público en El Socorro
Pretenden tumbar las medidas cautelares que emitió la Procuraduría.
Bucaramanga
La jueza de San Gil Astrid Carolina Mendoza levantó las medidas cautelares que habían suspendido la privatización del alumbrado público en El Socorro.
De acuerdo al documento emitido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil se denegaron las pretensiones de los demandantes que presentaron la tutela, ahora con la sentencia se resuelve levantar “las medidas cautelares decretadas dentro del presente proceso”.
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Cristian Avendaño, representante a la Cámara, ha estado al frente de las denuncias de la comunidad y explicó en Caracol Radio que “bastante extraño horas antes de salir a vacaciones que salga esta sentencia anticipada. Los tiempos en el juzgado no son así. No se entiende la ejecución del fallo y la implicación de facultades que se le entregaron a la alcaldesa respecto al contrato de economía mixta que privatizaría el alumbrado por 30 años”.
Según el fallo emitido por la jueza la audiencia de adjudicación sería mañana jueves 21 de diciembre y la firma del polémico contrato sería el viernes 22 de diciembre.
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“Podemos tumbar el fallo por fraude de resolución judicial. Vamos a solicitar una aclaración del fallo ya que la Procuraduría hizo el pronunciamiento del proceso. No se tiene conocimiento de cuál será el costo y el impacto fiscal a mediano plazo. No pueden crear la sociedad de economía mixta, los tiempos no dan”, agregó Avendaño.
Una vez presentada la aclaración se suspenden los término de la aplicación de la sentencia, no se puede ejecutar hasta tanto no se entienda por qué se corren los días del término y la alcaldesa Claudia Luz Alba Rodríguez Porras vuelve a tener facultades para su ejecución.
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A partir de hoy y hasta el 10 de enero de 2024 los despachos judiciales entrarán en vacancia judicial por vacaciones, motivo por lo que también se solicita cómo se aplicarían los tiempos para aprobar la constitución de una S.A.S. con vigencia de 30 años.
Recientemente la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre los riesgos que se correrían al aprobar la propuesta. “Ante el posible desconocimiento de los principios de pluralidad de oferentes, libertad de concurrencia y competencia, del principio de selección objetiva y el principio de transparencia”.
