“Los líderes sociales son un canto de esperanza para los territorios”: Inspirapaz

En una sociedad en vía de desarrollo como la colombiana, los líderes sociales juegan un papel crucial al ser jalonadores de transformaciones regionales y voceros de todo un pueblo. Sin embargo, no a todos los actores les conviene su ejercicio. Los intereses personales y bélicos tienden a chocar con este trabajo de defensa hasta el punto de frustrar procesos comunitarios y apagar vidas.

Puesto en cifras, se sabe que desde 2018, en Colombia, han sido asesinados 1.589 líderes sociales y se han presentado 438 masacres, según Indepaz. Para 2022, Colombia apareció incluso como uno de los países más peligrosos para los líderes y defensores ambientales, de acuerdo con la ONG Global Witness.

“Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Esto tuvo un pico mediático alto, pero ya parece que pasó su furor (...) Hay que volver a reconocer y a poner en su lugar lo que significa el liderazgo social y la muerte de un líder”, señaló al respecto Diego Bautista, director de Inspirapaz, el programa de derechos humanos de USAID que reúne los esfuerzos de diferentes actores para construir una sociedad más segura y democrática.

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Junto a Bautista, fueron varias las voces de autoridad que conversaron al respecto en ‘Desafíos en el territorio para los nuevos mandatarios: defender la vida y los liderazgos sociales’, evento organizado por Prisa Media con el apoyo de USAID, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la reciente declaración de Estado de Cosas Inconstitucional, por parte de la Corte Constitucional, en temas de violencia contra líderes sociales.

Una de las grandes conclusiones del encuentro fue que un líder social es un actor constitucional que carga consigo la voz de toda una comunidad y el avance de procesos importantes, como la ampliación de un resguardo o la creación de un consejo comunitario afrodescendiente. Iniciativas que terminan silenciadas si este llega a ser asesinado.

“Cuando hay un homicidio, amenaza o atentado contra un líder social, lo primero que se quiere hacer es quitarle la voz a una comunidad, y esa comunidad no se diezma cuando está unida, se diezma cuando a sus líderes, que son quienes tienen su voz y su palabra, les quitan la vida”, puntualizó Lucy Amparo Guzmán, alcaldesa de Santander de Quilichao, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado.

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La violencia, sin embargo, no es un fenómeno exclusivo de la ruralidad. Según Leonardo González, director del Observatorio de Indepaz, en 2023 se han cometido 90 masacres, y gran parte de ellas han sido en ciudades donde los grandes actores armados han tercerizado sus crímenes a bandas locales.

“La Paz Total ha tenido resultados en disminución de desplazamientos y en número de atentados de los actores armados, pero nos estamos rajando en asesinatos y secuestros (...) En Colombia hay por lo menos 100 decretos y 33 entidades involucradas para la prevención y protección de derechos humanos. Cuando uno tiene ese nivel de dispersión no va a encontrar nada”, advirtió Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares.

Prevención y protección: del diálogo a la acción

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En ese sentido, los expertos manifestaron que los mecanismos que tiene el país para hacerle frente a esa problemática social son, desde hace años, el sistema de alertas tempranas y las solicitudes de medidas de protección individual ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que en 2023 registró un aumento en las solicitudes de protección. Mientras en 2022 la cifra llegó a 14.500, en 2023 ascendió a 20 mil. Los esquemas de seguridad son la respuesta más común ante dichas solicitudes.

Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, explica que una de las mayores falencias de estos esquemas de seguridad ―específicamente los vehículos blindados― es que no están diseñados equitativamente: “Un 57% de ellos están designados a la protección de funcionarios y parlamentarios y apenas un 43% para las poblaciones de líderes sociales, periodistas, reclamantes de tierra, abogados de derechos humanos…”, comentó.

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En ese orden de ideas, los expertos estuvieron de acuerdo con que, aunque los Gobiernos roten, mientras la estructura institucional sea la misma, también lo serán las soluciones. Eso ocurre con problemas estructurales, como la discriminación o la desigualdad social, que no se resuelven con cambios en el nombre de las entidades, sino con acciones concretas.

Para la alcaldesa de Santander de Quilichao, “en los territorios, lo primero que debe llegar no es salud y educación. Lo primero que debe llegar es justicia, porque la justicia genera confianza institucional y permite el trabajo”.

Finalmente, los presentes hicieron énfasis en que la paz no se reduce a llegar a acuerdos con actores armados para el cese al fuego. La paz y los derechos humanos, aseguran, se construyen desde quienes los ponen en práctica a nivel comunitario; quienes hacen de la Declaración de Derechos Humanos una guía para la vida.

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Y aunque los espacios de diálogo siguen siendo igual de importantes, los expertos advierten que la escucha no debe quedarse como un ejercicio simbólico y hacen un llamado para pasar a la acción, pues un líder social no puede ser entendido como un número que se va sumando a la lista, sino como un canto de esperanza para las regiones; un actor clave para alcanzar grandes transformaciones en las bases de la sociedad.

“La gente está cansada de planear y de diseñar porque ya lo han hecho mil veces. Quienes son víctimas están cansadas de decirle al Estado por qué son víctimas y los líderes sociales están cansados de decirle al Estado que hay medidas de prevención y protección”, concluyó Ricardo Arias, defensor delegado para la prevención de riesgos y sistemas de alertas tempranas.

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